Nuevas y muy graves formas de amedrentamiento y presión denuncian agricultores de la IX Región, en una arista hasta ahora desconocida del conflicto en la zona de reivindicaciones mapuches. A los atentados incendiarios contra bosques, plantaciones, instalaciones y sencillos domicilios privados -como el que costó la vida del matrimonio Luchsinger-; a las tomas y amenazas, a los cortes de caminos, a los ataques a vehículos privados y de locomoción colectiva, y a helicópteros policiales, privados y de brigadas forestales; a las emboscadas con armas de alto poder de fuego contra policías y fiscales, a las amenazas contra jueces, dirigentes gremiales, modestos campesinos y grandes empresas por igual, han venido a sumarse los cobros de "peajes" y otros medios de extorsión a los habitantes de la zona, quienes -como lo dio a conocer este diario- se ven obligados a pagar en dinero o especies por "protección", y así evitar el incendio de sus cosechas o propiedades, o para conseguir el libre tránsito por diversos caminos rurales.
Con esto se están atropellando derechos constitucionales básicos, con dramático sobrepasamiento de la fuerza pública que intenta hacer valer la ley. Esto ya no es una lucha de grupos extremistas contra grandes empresas, sino un intento sistemático por aquellos de someter por la fuerza a toda persona natural o jurídica que no se pliegue a su voluntad, y que llega al grado de buscar neutralizar por esa vía a los poderes públicos. En diversas zonas de La Araucanía, no puede afirmarse que impere ya realmente el Estado de Derecho, pese a los esfuerzos extraordinarios que está desplegando el actual gobierno.
Esta práctica de amedrentamiento -el "peaje" como condición del tránsito- es común en países que han sufrido o sufren la violencia de grupos armados, y su alcance resulta inicialmente difícil de precisar, debido al ocultamiento de estos hechos por temor a represalias. De allí la creciente impunidad para los agresores y la experiencia de total vulnerabilidad e impotencia de sus víctimas.
Según los testimonios -comprensiblemente, todas las fuentes pidieron confidencialidad-, estos pagos son exigidos tanto a pequeños agricultores como a grandes empresas forestales y agrícolas, y afectan directamente a la productividad de la región, pues muchos desisten de sembrar e invertir en sus predios en tales condiciones.
A esto se suma la desmedrada situación de los comuneros que han sido beneficiarios de un terreno. Un estudio de la U. de la Frontera muestra que el 60% de los receptores de tierras no habita en ellas, por problemas de acceso a electricidad y agua, carencia de una vivienda o aislamiento. A lo anterior se agrega la imposibilidad de desarrollar una actividad agrícola, por dificultad de acceso al capital necesario y la falta de capacitación técnica.
Las iniciativas emprendidas por la autoridad para crear instancias de diálogo entre los diferentes involucrados son un paso importante de búsqueda de vías de solución frente a la actual conflictividad. Sin embargo, es indispensable e impostergable conseguir logros perceptibles en seguridad y prevención de actos violentos, a la par de políticas públicas que permitan superar la condición de marginalidad y así facilitar la integración de aquellos descendientes de mapuches más vulnerables.
Muchas voces han advertido sobre esta creciente espiral de violencia sin sanción judicial. Prácticas de extorsión como las referidas son una alarmante alerta, que recuerda los comienzos de ETA, las FARC y otras guerrillas similares, y, por cierto, la acción típica de la mafia. Todo el país democrático debe reaccionar sin más tardanzas, porque esto concierne no solo al gobierno actual, sino al que asuma en 2014, cualquiera él sea.