Para esta semana está anunciado el regreso de Michelle Bachelet a Chile, y en los próximos días debiera aceptar la precandidatura presidencial que le propondrán el PPD y el PS, con miras a la elección primaria de la oposición. Los signos son incontestables, pese a que no hay mayor información o planteamientos por parte de ella ni de su equipo más cercano, lo que suscita algunas críticas entre sus propios partidarios por lo que se califica como un "exceso de secretismo" que, de continuar luego que Bachelet regrese al país, "sería un gravísimo error", en palabras de dirigentes del PS.
Por su parte, el Gobierno, que se apoya en una cada vez más reconocida gestión económica, logró cerrar esta semana uno de los principales flancos de crítica que mantenía abiertos en relación con su programa de gobierno y promesa electoral: el combate a la delincuencia. La entrega de los resultados de la Enusc 2012 arrojó la tasa más baja de delincuencia desde 2005, año en que comenzó a medirse a nivel nacional. Pese a que en 2010 el Gobierno también apuntaba una disminución en el número de hogares que habían sido víctimas de la delincuencia, en 2011 volvió a subir, atribuyéndose el resultado del año anterior al efecto del terremoto.
Los resultados obtenidos ahora no solo son importantes por el alivio que representan para más de 200 mil hogares que se libraron de ser víctimas de la delincuencia en este último año, sino porque acreditan que el país, siguiendo una estrategia correcta, puede obtener resultados palpables en seguridad ciudadana en el horizonte de un período presidencial. Asimismo, este gobierno corrigió su mirada inicial, fuertemente centrada en apoyar a las policías, pero que subestimaba las debilidades de gestión y las necesidades de coordinación de todos los actores involucrados en el combate contra la delincuencia. La nueva Subsecretaría de Prevención del Delito aportó una mirada sistémica y una acción antidelictiva enfocada en toda la cadena del delito, dificultando su financiamiento y su logística, además de una aplicación reflexiva de las mejores experiencias internacionales, relegando a un segundo plano políticas como el Plan Cuadrante, cuyos resultados han sido de difícil evaluación. Esa es la mayor significación política de las buenas cifras mostradas por la Enusc.
Con todo, fiel a su estilo, el Presidente Piñera celebró la obtención de las metas que se había propuesto para su gestión en seguridad ciudadana fijándose nuevos desafíos -bastante ambiciosos, a la luz de la experiencia internacional-. Esta falta de complacencia viene bien en un área que se ha mantenido como una de las principales inquietudes de la opinión pública a lo largo de casi dos décadas, reiterando a sucesivos gobiernos que deben centrar sus esfuerzos en resolver este gravísimo problema.
Izquierda chilena e izquierda latinoamericana
Más allá de las incongruencias que evidencia el intento de acusar constitucionalmente al ministro de Educación, Harald Beyer -que se comentan editorialmente por separado-, las diferencias de opinión que esto ha provocado en la Concertación son un signo positivo. Figuras relevantes de ese sector, como los ex ministros de Bachelet Francisco Vidal y Sergio Bitar; figuras públicas como el precandidato Andrés Velasco, también ministro durante la Presidencia de aquella; referentes del mundo académico como José Joaquín Brunner, ministro Secretario General de Gobierno del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle; el presidente del PPD, Jaime Quintana, que encabeza la comisión de Educación del Senado, han expresado su rechazo a la idea de que Beyer haya incurrido en un "notable abandono de deberes" para fiscalizar el lucro en las universidades, sin necesidad de concordar con los distintos énfasis y propuestas legales de supervisión y financiamiento de la educación superior que ha hecho ese ministro.
Estos personeros se han limitado a cuestionar el mérito de la acusación, sin dejarse presionar por el "clima de patota" que parece animar a algunos de sus promotores. Cualquiera sea el desenlace de este proceso de disensos -especialmente en el caso de los parlamentarios de la Concertación que han levantado la voz pidiendo analizar el fondo de la acción-, se trata de una conducta valiosa, en que prima el interés público por sobre la consigna política.
Ese rasgo -que personifican bien figuras representativas, como la del ex presidente del Senado Camilo Escalona- es lo que diferencia a la izquierda chilena de la que impera en muchos países vecinos, inundados de populismo.
No cabe duda de que esa actitud más responsable abona el camino para recrear el clima de opinión pública que necesitará el próximo gobierno, cualquiera él sea, para convocar a las mayorías y concitar los acuerdos que se requerirán para enfrentar las demandas sociales y realizar, según sea el caso, las reformas de fondo, pero "realistas", a que aludió el ex ministro socialista Enrique Correa.