Por siete votos en contra, dos a favor y una abstención, la comisión de Salud de la Cámara rechazó las indicaciones del Ministerio de Economía para permitir la venta de medicamentos que no necesitan receta en góndolas de lugares que no sean farmacias. Para justificar este rechazo se adujo la necesidad de que un químico farmacéutico oriente a los usuarios y evite que se intoxiquen, así como el propósito de impedir que el costo de los remedios suba.
Ambos argumentos carecen de sustento. El posible sobreconsumo de remedios puede ocurrir hoy con el actual sistema, pues el químico farmacéutico no tiene ningún papel en la cotidiana compra de medicamentos no sujetos a receta. Y tampoco es sostenible que la venta en góndolas implicaría mayores precios, porque las cadenas subirían los remedios con receta. Los medicamentos que se expenden sin ella representan la mayor parte de la venta de fármacos y, además, si por venderlos en locales que no sean farmacias se diera en estas un alza en aquellos sujetos a receta, eso evidenciaría la existencia de un poder de mercado no competitivo.
La industria farmacéutica en Chile muestra una concentración alta (90% de las ventas se realiza en tres cadenas de ese rubro) y, además -como lo estableció el TDLC-, ellas han hecho valer su poder de mercado en prácticas anticompetitivas.
Lamentablemente, al parecer se estaría ante una nueva mala práctica, a saber, un eventual lobby relacionado con el financiamiento de campañas políticas. Cuesta imaginar que algo así pueda pasar en Chile, pero diversas señales se prestan a suspicacias de una enorme presión de la industria farmacéutica en torno a este proyecto.
El Gobierno, con razón, ha anunciado que reactivará la iniciativa apenas sea vista por la Sala: resulta obvia la conveniencia social de destrabar todo cuanto limite la competencia, factor determinante para la caída de los precios. Si las distintas marcas de fármacos se ofrecen en más locales de venta, eso redundaría en mejor información para el consumidor, e incentivaría a laboratorios y establecimientos comerciales a bajar los precios.
Este caso subraya la necesidad de regular mejor el financiamiento de las campañas políticas. Las leyes números 19.884 y 19.885, que regulan las donaciones monetarias a los partidos, parecen no estar operando a cabalidad. Es imprescindible un mejoramiento en la normativa que arroje luz sobre las inhabilidades que afectan a aquellos parlamentarios que reciben recursos de ciertas empresas.