M.J. Ahumada, N. Guzmán y A. Muñoz Al mediodía de ayer, los jefes de bancada de la oposición firmaron el ingreso de una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Harald Beyer, argumentando "notable abandono de deberes" en el ejercicio de su cargo, en relación con el lucro en la enseñanza. La diputada Alejandra Sepúlveda (ex PRI) fue la encargada de anunciar el acuerdo alcanzado en conjunto por la Concertación, los independientes, la Izquierda Ciudadana y el Partido Comunista.
Minutos más tarde, sin embargo, la iniciativa comenzó a generar dudas en algunos dirigentes de la Concertación.
"Tengo profundas diferencias con la gestión de Beyer. Sin embargo, no logro formarme la convicción de que proceda en este caso la acusación constitucional", comentó el presidente del PPD, Jaime Quintana.
El senador, quien además asumió ayer como presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, les comunicó su postura a los diputados del PPD durante el almuerzo de la bancada. En su opinión, "esta acusación constitucional distrae a la oposición. Lo central hoy es preocuparse del nuevo proyecto de país en educación y no agotarse en pelear con un gobierno que termina", y agregó que "acusar a Beyer de algo que la Concertación no fue capaz de hacer tiene algo de hipócrita".
De ser aprobada la acusación en la Cámara de Diputados, son los senadores los que deben actuar como jueces de la iniciativa.
Dudas en los presidenciables opositores
Cuando presentó la acusación, la diputada Sepúlveda afirmó que el ministro Beyer no había respondido los requerimientos que le ha hecho la Cámara. Además, el texto de 94 páginas expresa la vulneración de la Constitución y haber dejado sin ejecución las leyes. Esto, apelando el haber infringido la Ley Orgánica Constitucional número 18.956.
Asimismo, el documento menciona que en "la problemática de la educación superior, y particularmente de la situación de la Universidad del Mar, ha sido contrario al principio de probidad, toda vez que en sus declaraciones y actuaciones no ha existido un desempeño honesto, eficiente y eficaz" de su cargo.
"Este es un paso fundamental para finalizar con el lucro en este año 2013", dijo el jefe de bancada del PPD, diputado Marco Antonio Núñez. En representación de la DC concurrió a dar su respaldo a la acusación el diputado Ricardo Rincón.
Aunque la DC ratificó el apoyo al libelo, no todos los integrantes de la bancada están convencidos de votar favorablemente la acción.
En una línea similar se manifestó el diputado independiente René Alinco. Si bien en la mañana de ayer entregó su público apoyo a la acusación, por la tarde dijo a "El Mercurio" "tener contradicciones vitales".
"Asumí el compromiso de mi voto de aprobación en la mañana, asumiendo mi compromiso con los estudiantes y trabajadores de la Universidad del Mar, pero tampoco puedo ser irresponsable. (...) A cada rato que lo analizo más, creo que esta acusación se está desmoronando por sí sola", afirmó Alinco.
Además, en algunos sectores de la oposición se ha expresado en privado que la acusación podría afectar a la ex Presidenta Michelle Bachelet, ya que las mismas críticas que se le hacen al titular de Educación podrían recaer en los ex ministros de la Concertación.
En tanto, el candidato presidencial DC, Claudio Orrego, afirmó que "tenemos que hacer una autocrítica respecto de cómo se permitió que esto prosperara en el tiempo".
Por su parte, el abanderado independiente Andrés Velasco aseguró que la acusación era "otra mala práctica de la política".
La respuesta del Gobierno
Un comité político ampliado fue la oportunidad donde el Presidente Sebastián Piñera evaluó ayer, junto a su gabinete, el nuevo escenario ante la acusación, pese a que el tema ya había sido abordado previamente por el Mandatario en el avión que lo trasladó desde Antofagasta a Santiago. Quienes asistieron al encuentro, explican que el mensaje fue claro: "Apelar a que la acusación no tiene fundamento jurídico".
Al término de la cita, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, acompañó a la vocera Cecilia Pérez y al ministro Beyer para responder. "Durante 20 años ni un solo ministro de la Concertación fiscalizó nada, ni un ex Presidente de la República pidió que se hiciera. (...) Actuaron pasivamente", señaló Matthei.
Del mismo modo, la ministra Cecilia Pérez calificó la acción de la oposición como una "mezquindad política", y declaró que "tratar de perseguir políticamente al único ministro que ha fiscalizado el lucro en las universidades es una vergüenza".