La bonanza de que ha gozado la industria minera chilena, en particular la del cobre, ha estado asociada a su alto precio internacional. Este ha permitido altas utilidades de las compañías del rubro, lo que se ha traducido en altos impuestos recaudados por el Estado, proporcionales a esas utilidades, y complementados por el impuesto especial a las utilidades operacionales -el llamado royalty -, establecido en la década pasada y alzado durante este gobierno.
Asimismo, la atractiva rentabilidad de ese sector despertó un dinámico esfuerzo de las empresas para aprovechar la bonanza, mediante numerosos proyectos de inversión, expandiendo las explotaciones en curso o proyectando la explotación de nuevos yacimientos. El catastro de inversiones ligado a ese esfuerzo llegó a sumar un monto superior a 100 mil millones de dólares, retroalimentando el fuerte dinamismo del sector y de todos los subsectores asociados.
En los últimos meses, sin embargo, diversas señales sugieren que se puede estar incubando un cambio de escenario. Este no estaría determinado por una disminución en el precio de los metales, en particular del cobre, como muchos han temido desde que se inició este ciclo de precios altos -sin perjuicio de que esa es siempre una amenaza a la que hay que estar atentos-, sino por un aumento sostenido de los costos, especialmente el laboral, sin un incremento de la productividad laboral que lo mitigue, agravado además por la apreciación del peso chileno y por la duplicación de los precios de la energía. Asimismo, los crecientes entrabamientos ambientales, administrativos y judiciales a los proyectos de generación eléctrica, particularmente en la III Región, les quitan viabilidad a muchos de aquellos en estudio. A eso se agregan la mayor dureza de la roca a mayores profundidades y el más alto costo de conseguir agua. Todo esto consolida un alza sustancial de los costos respecto de hace solo pocos años.
Este nuevo escenario ha hecho que muchos proyectos se estén postergando, reevaluando o cancelando, con lo cual el catastro de inversiones se ha venido contrayendo. Igualmente, el aumento de los costos ha ido estrechando los márgenes de utilidad de las compañías y también, como consecuencia de ello, la recaudación tributaria del fisco por ese concepto. Esto, asimismo, hace que crezcan los riesgos que enfrentan las mineras, cuyas billonarias inversiones, que demoran varios años en madurar, podrían verse enfrentadas en el futuro -ahora sí- a precios más bajos de los metales, que no les permitan ser amortizadas rentablemente.
Parte de la explicación de este fenómeno se relaciona con la llamada "enfermedad holandesa", aquella paradoja por la que un alto valor de las materias primas abundantes en determinado país aprecia el tipo de cambio e incrementa los salarios reales, causando problemas que no se esperarían asociados a la riqueza generada por aquellas. En materia laboral, la única forma de mitigar ese problema es flexibilizar el mercado del trabajo, por ejemplo permitiendo jornadas parciales de diverso tipo, para que haya más oferta de trabajo, especialmente para mujeres y jóvenes, lo que compensaría la excesiva subida de los salarios mineros a costa de los del resto de los trabajadores.
Este posible cambio de escenario debe estar en la mirada de las autoridades, en especial de los candidatos presidenciales, pues será el próximo gobierno el que deberá enfrentarlo. Contribuiría importantemente a que así ocurra -por la vía de la información y del análisis, como ya está ocurriendo- el que la voz de los personeros de la minería pública y privada se haga oír desde ya con mucho mayor energía y coordinación. Los problemas están identificados y ninguno de ellos lo ignora. Pero si optan por el silencio y el bajo perfil, absteniéndose del debate público, difícilmente se configurará el piso de opinión ciudadana y de apoyo político necesario para impulsar los cambios que Chile necesita.