Señor Director:

Quiero argumentar por qué, desde nuestra perspectiva, debiera cuestionarse la mantención del ministro de Educación Harald Beyer en su cargo y, por tanto, que una acusación constitucional en su contra no solo es correcta, sino también necesaria.

Los recientes sucesos han dejado en evidencia que el supuesto plan de reubicación de los estudiantes de la Universidad del Mar, que fuera anunciado como la solución definitiva a un problema de características estructurales del sistema educacional chileno (el lucro), no fue más que una gran puesta en escena para tratar de dar la apariencia de un gobierno que se hace cargo del problema, sin hacerlo realmente.

Entre otras irregularidades, varios de los convenios de reubicación, pese a haber sido anunciados públicamente, nunca existieron, según confirma el propio Mineduc cuando se le solicitan estos convenios por escrito. Además, cuando se le pidió dar explicaciones, el ministro sencillamente no asistió a dos sesiones seguidas de la comisión de Educación de la Cámara.

El subsecretario Rojas (quien fue enviado en su reemplazo) notificó que solo alrededor de tres mil estudiantes han sido reubicados; es decir, aproximadamente uno de cada seis. Y para peor, los estudiantes de la Universidad del Mar que logren finalmente ser reubicados, ahora cargarán con una doble deuda, la que ya tenían y la que tendrán en la nueva universidad. Es como si el Estado avalara a una empresa fraudulenta para construir casas, estas se caigan y aún así obligaran a los damnificados a seguir pagándolas.

Con estos antecedentes, queda claro que el proceso de reubicación es una farsa.

Sin embargo, el argumento más de peso que sustenta la acusación es la actitud que ha tenido el ministro frente a la esencia del problema, el lucro. El Ministro permanentemente ha omitido la existencia de lucro en la UdM, hecho reconocido por el CNED, y sigue firme en su evidente postura de no enfrentar este problema que está en la raíz de la crisis de nuestro sistema educacional. Puede parecer sorprendente, pero cuando (quizás más sinceramente) expone en el CEP y dice que "la prohibición de que las universidades sean sin fines de lucro no se extiende a las sociedades relacionadas (...) es altamente probable de que el progreso que ha experimentado el país en los últimos 25 años haya elevado el valor de muchas de las propiedades que estas sociedades han arrendado a las universidades. Sus dueños pueden, entonces, legítimamente aspirar, en algún momento, a beneficiarse de esa ganancia de capital", no hace más que ratificar los verdaderos objetivos del Gobierno en esta materia, que se consagran además en el proyecto de Superintendencia que presentaron el año pasado y que ha recibido un transversal rechazo por el blanqueamiento del lucro que este implica.

Todo lo anterior resulta más preocupante aún cuando vemos que el de la Universidad del Mar no es un caso aislado, y que hoy hay una fila de universidades siendo investigadas.

Andrés Fielbaum
Presidente FECh