Han transcurrido dos décadas desde que en 1993, bajo el gobierno del Presidente Aylwin, se dictara la Ley Indígena, buscando una mejor integración social de las minorías étnicas, y para hacerse cargo de lo que entonces se definió como una deuda del Estado chileno para con el pueblo mapuche, heredada del proceso de "pacificación" de la Araucanía en el siglo XIX, cuando se anexaron de manera definitiva los terrenos al sur del Biobío, para ser luego entregados a los descendientes de aquel mediante títulos de merced.
Una mirada a las cifras de la política de entrega de tierras -en una fórmula de propiedad no plena, sino comunitaria- que comenzó con dicha normativa muestra que a esta fecha se han repartido casi 170 mil hectáreas, con un gasto para el fisco equivalente a cerca de 600 millones de dólares. Al cierre de este año se espera entregar tierras a otras 115 comunidades cuyas peticiones fueron autorizadas durante el gobierno anterior, a las que tendrían que sumarse luego aquellas cuyas peticiones sean autorizadas durante el actual, que llegarían a cerca de 150, lo que equivale a más de seis mil familias beneficiadas. Con esto, se estarían ya superando los mil millones de dólares en compras de tierras en La Araucanía para ser entregadas a comunidades mapuches.
Estos antecedentes evidencian el compromiso sostenido del Estado de Chile con la política de entrega de tierras, a través de sucesivos gobiernos. No evidencian, sin embargo, los beneficios que de ella se hayan obtenido. Desde luego, no ha significado una disminución de las reclamaciones ni de los actos de violencia, que de hecho han resultado incentivados, pues con ellos ha sido posible forzar la decisión de venta de tierras, que, además, han subido artificialmente de valor comercial para quienes venden -lo que les está paradójicamente vedado a las comunidades asignatarias-.
Peor aún, ahora se ha confirmado lo que se venía ya advirtiendo hace tiempo: las tierras entregadas se hallan subutilizadas, cuando no abandonadas, lo que ha afectado negativamente la productividad de toda la región. Un estudio de la U. de La Frontera, contratado por el Gobierno y realizado en terreno, ha sido concluyente a este respecto. Según sus resultados, el 60% de los beneficiarios no vive en los predios adquiridos, por diversas razones: 24% sostiene que no existen las condiciones básicas para vivir (agua potable y energía eléctrica); 15% reclama por la falta de viviendas, y 10% invoca el mal estado de los caminos y accesos. Se reconoce, eso sí, que los beneficiados incrementaron su disponibilidad de tierras y que sienten mayor bienestar.
En términos productivos, el estudio identifica grandes ineficiencias que hacen que estos predios tengan muy baja aptitud para uso agrícola y no resulten sustentables para la producción de bienes y servicios; la extracción de leña implica un daño medioambiental y conduce a escasez de una fuente productiva; los terrenos poseen "muy bajos índices de infraestructura productiva y sistemas de riego", y "por lo general no se ha dado continuidad a los rubros productivos intensivos de los predios" anteriores a la compra.
Las conclusiones son frustrantes: "Los comuneros no disponen ni pueden acceder a capital, no se realizó capacitación técnica y comercial (...), ni acompañamiento técnico, productivo ni comercial". Además, "las motivaciones y metas productivas de los comuneros mapuches resultan por lo general distintas" de las de los dueños anteriores.
Los resultados de este estudio no pueden sorprender. Eran enteramente previsibles y, de hecho, sus líneas generales fueron anticipadas por este diario en múltiples ocasiones durante la discusión de la referida ley. Sí llama la atención que, pese a ellos, se siga insistiendo en una política que tiene un alto costo y, cuando más, muy escasos beneficios, y que ha demostrado no ser una solución eficaz para la integración del pueblo mapuche al desarrollo nacional, sino todo lo contrario.