Obstáculos burocráticos y judiciales a raíz del ingreso ilegal de tres soldados bolivianos contribuyeron a agravar las tensiones diplomáticas que persistentemente provoca Bolivia. Transcurridos más de 30 días, el desenlace fue el que debió haber tenido lugar, cuando más, a muy escasos días de la transgresión fronteriza: la expulsión de los uniformados. Así ha ocurrido numerosas veces, pero, a diferencia de esta oportunidad, con expedición y sin mayores repercusiones, incluso en situaciones mucho más complejas.
Así, entre otros ejemplos, el 21 de mayo de 1982, en medio de la guerra de las Malvinas, un destacamento británico fue sorprendido en Punta Arenas, luego de haberse accidentado el helicóptero que los transportaba en una fracasada misión en Argentina. En pocos días, ese comando estaba de regreso en Londres, sin consecuencias para las relaciones internacionales de Chile. En 2008, a poco de haberse presentado la demanda peruana en La Haya, un camión con 20 soldados y un coronel del Perú ingresó irregularmente en Arica. Ese mismo día regresaron a Tacna, pues un sargento de Carabineros asignado al complejo fronterizo de Chacalluta autorizó la salida del batallón, evitando un incidente diplomático. Ese mismo año fueron capturados cuatro militares bolivianos que habían traspasado la frontera, supuestamente custodiando una carga. Para evitar daños mayores, los detenidos fueron rápidamente devueltos a su país.
En teoría, los ingresos ilegales de soldados armados se podrían considerar problemas estrictamente judiciales, invocando la separación de poderes del Estado y la obligación de los tribunales y del Ministerio Público de investigar y sentenciar delitos y responsabilidades criminales. Sin embargo, esta solución no parece la única cuando no hay otros delitos asociados al ingreso irregular de uniformados. Más bien correspondería en tales casos aplicar los convenios de policías y las gestiones diplomáticas. Por lo demás, la comunidad de naciones se resiste a aceptar que los tribunales tengan la jurisdicción exclusiva en casos que comprometen las relaciones entre los estados. La diplomacia no negocia con otros poderes públicos distintos de los gobiernos, que deben tener la flexibilidad necesaria para adoptar las decisiones más convenientes al interés nacional, considerando que al Jefe del Estado le corresponde constitucionalmente conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras.
Nuestro ordenamiento jurídico contempla que el Gobierno recurra a la Corte Suprema en aquellos casos de delitos que puedan afectar las relaciones internacionales de la República. Esa norma es de utilidad, pero no resulta suficiente ni parece operativa en casos de ingresos ilegales de soldados que merecen una solución diplomática. De allí los convenios policiales y la conveniencia de no trasladar necesariamente a la justicia estos ilícitos -cuando la legislación lo faculta-, sino tratarlos preferentemente por la vía diplomática. Esa fórmula no es fácil de lograr con el gobierno del Presidente Evo Morales, que utiliza y distorsiona estos episodios para sus fines internos con insultos, provocaciones, protagonismo personal y aberrante victimización internacional. Todo ello se agrava por el descontrol fronterizo de Bolivia, que favorece el narcotráfico y el contrabando.
La mesura y firmeza con que han respondido el Presidente de la República y el canciller a las falsedades proferidas e injurias inferidas por el Presidente boliviano no impiden que se adopten medidas internas para evitar una judicialización que dificulta el manejo de estas situaciones, impropiamente capitalizadas en el país vecino.