Dado el buen logro de la mesa de expertos que asesoró al Gobierno en el proyecto de ajustes al sistema procesal penal, la ministra de Justicia ha anunciado que durante 2013 convocará a otra mesa de similar composición para estudiar modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, integrada por entidades que actúan en esa área, académicos y parlamentarios. Cabe recordar que la implementación de la Ley N° 20.084, de 2005, recibió duras críticas de centros de estudios, universidades y organismos de esa área, principalmente en cuanto a insuficiente especialización de la judicatura (básicamente, la misma a cargo de las causas de adultos) y a la falta de una infraestructura adecuada de los centros de Sename para el cumplimiento de condenas en el sistema cerrado y semicerrado. Al entrar en aplicación, no se crearon nuevos centros cerrados, sino que los ya existentes sufrieron adaptaciones menores, no condicentes con los niveles esperados. Los espacios y el personal para implementar la nueva ley fueron los mismos existentes antes de ella, lo que abrió dudas sobre sus resultados, dado que la meta de esa reforma era procurar la reintegración de los adolescentes infractores de ley.
Ante eso, el gobierno de esa época se comprometió a crear 10 centros cerrados de alto estándar, uno de los cuales (Tiltil) ya contaba con edificio, pero no estaba en marcha, por retraso en el llamado a licitación para su operación. El nuevo modelo de funcionamiento de los centros se basaba en un estudio realizado para el gobierno de entonces por la Fundación Paz Ciudadana, que tras recoger la experiencia internacional propuso cambios profundos en la forma de intervenir a los adolescentes infractores.
Transcurridos ya 5 años desde su implementación, conviene evaluar su funcionamiento e introducir los ajustes necesarios. Desde luego, será determinante el proyecto de ley que divide el Sename en dos servicios especializados (uno para protección de la infancia y la adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y otro centrado en la responsabilidad penal adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia), algo largamente requerido por todos los expertos, pero resistido por los funcionarios. Junto a dicha reforma, la ministra de Justicia anticipa mejoramientos a la Ley N° 20.084, que regulará el Servicio de Infractores Juveniles.
Esto es necesario, pues persisten problemas ya identificados al iniciarse la implementación del nuevo sistema. Es el caso de la especialización de la judicatura, a cuyo respecto todo aconseja crear un cuerpo con competencias exclusivas en estas materias. Con excepción del trabajo de especialización desarrollado por la Defensoría Penal Pública con un escaso presupuesto, todos los demás actores no están especializados, y tramitan por igual causas de adultos y adolescentes, dejando de lado materias como el control de la ejecución de las sanciones previsto por la ley.
También son insuficientes los avances en infraestructura, pues hasta ahora de los 10 nuevos centros solo el de Tiltil está en funcionamiento, pero hay serios retrasos en el diseño y construcción de los restantes. Además, a juicio de los expertos, los centros para el cumplimiento de sanciones en régimen semicerrado no han cumplido con lo esperado, al transformarse en "centros de reclusión nocturna" similares a los existentes para adultos, con una precaria oferta de reinserción.
Todo lo anterior justifica que el sistema sea integralmente revisado en lo legislativo y en su infraestructura, para así abordar los problemas de la delincuencia juvenil de modo eficaz y acorde con los estándares internacionales. Así lo reconfirman los informes de las comisiones visitadoras del propio Ministerio de Justicia, que en el segundo semestre de 2012 inspeccionaron centros y residencias de protección de menores de la Región Metropolitana.