Para el canciller Timmerman, de Argentina, "no existen los Falkland islanders " (isleños de las Falkland) ni su derecho a celebrar un referéndum, como si este dependiera de Argentina y de Naciones Unidas, y como si las islas estuviesen despobladas.
El desenlace de la consulta a los habitantes de las Malvinas para continuar como territorio de ultramar de Gran Bretaña es predecible. El grueso de la población preferirá mantener el actual estatuto y no la jurisdicción de Argentina. Llevan hasta 10 generaciones en las islas y gozan de la mayor autonomía, salvo en defensa y relaciones internacionales, por sobrevivencia encargadas al Reino Unido. Y están muy bien: conviven en paz y con plenas libertades económicas y políticas; cuentan con una cultura propia; disponen de una Asamblea Legislativa, judicatura, organización interna y Estado de Derecho; no hay colas para la bencina, inflación ni dólar blue , y no faltan productos en almacenes y restoranes; la economía crece sostenidamente; su renta per cápita supera a la de los países latinoamericanos y tienen un futuro promisorio gracias a su esfuerzo, al turismo, la pesca y la ganadería.
El pueblo de las Malvinas ha demostrado un temple excepcional: resistió a la invasión y al intento de anexión por la fuerza de Argentina y, desde siempre, a un clima adverso y a las medidas aislacionistas impulsadas por gobiernos transandinos, en especial por los militares y los presidentes Néstor y Cristina Kirchner.
Legítimas pueden ser las aspiraciones soberanas de Argentina sobre las islas. Pero es ilegítimo, torpe y contraproducente emplear la fuerza y el aislamiento para imponerles dominio. En vez de aprovechar la cercanía geográfica para atraer a los isleños -como lo intentaron el Presidente Menem y el canciller Di Tella-, se ha preferido por Argentina aislarlos y hacerles la vida más difícil.
El debate sobre Malvinas impacta a chilenos y a las relaciones con Argentina y con Gran Bretaña. Chile, sin optar entre uno y otro país, debe velar por sus propios intereses y favorecer la negociación entre ellos. Cerca del 10% de la población de las islas es de origen chileno y sus habitantes tienen vínculos ancestrales y mutuamente beneficiosos con Chile: hasta hace algunos años su conectividad marítima, el aprovisionamiento y la reparación de sus naves pesqueras dependían de servicios prestados desde Punta Arenas. El DS 123 de 2004, otras resoluciones y amagos desde Argentina impiden o dificultan esas prestaciones.
Por más de un siglo, Chile reconoció la soberanía británica de las Malvinas manteniendo cónsules hasta 1950. Luego, por pragmatismo y solidaridad, apoyamos los derechos de Argentina. Este respaldo no puede comprometer el libre comercio de bienes y servicios, un principio permanente de política exterior chilena, ni limitar el libre tránsito marítimo y aéreo, garantizados por tratados y por el derecho del mar.