Activismo judicial, pero con razonabilidad y principios

Ronald Dworkin, teórico jurídico recientemente fallecido, tuvo una idea luminosa: mostrar los principios jurídicos separados de las normas escritas, y su importancia en las sentencias judiciales.

En estas páginas se ha criticado el activismo judicial. Pero tal activismo es una necesidad social y democrática, de tal manera de equilibrar las garantías ciudadanas de frente a los otros poderes. La democracia no solo está presente en la gestión legislativa y ejecutiva, por haber sido elegidos sus representantes. No podemos olvidar que la ciudadanía está cautiva de los partidos políticos en dichas elecciones, y que los jueces cumplen el rol ineludible de mantener tal equilibrio. Los jueces no solo contribuyen a la pacificación, sino también a mantener nuestra democracia.

En nuestro país falta una conciencia social y erudita de los principios. Constituyen un producto cultural precioso que ofrecen los jueces. Están más allá de las leyes, de cada propuesta filosófica (ya iusnaturalista, ya positivista, o de cualquier otra filosofía militante), lejos de la hoja de ruta de cada juez. Los principios están en la realidad inmanente del género humano, cuyo reconocimiento marca el pulso de cada sociedad.

Su reconocimiento y conciencia de su relevancia en nuestro sistema de justicia puede darle otro tono a nuestra democracia: más densa, más robusta, más justa.

Cuando las reglas nada dicen, o son contradictorias, o ambiguas, los jueces pueden y suelen ofrecer de modo natural en sus sentencias esos principios, los cuales no han salido "de la nada", ni de los textos legales, ni de sus íntimas convicciones.

Esto es, básicamente, lo que hace casi medio siglo gritó Dworkin al mundo jurídico.

Así, en una sociedad que desea cubrir estándares mínimos de seguridad, certeza y justicia, todo juez, ejerciendo su arte u oficio de "dar justicia", en defensa de esos valores, no solo debe tener ante sí el caudal de normas y la realidad (la cruda "realidad del proceso") sino también descubrir aquellos principios que, como guía, dignifican su tarea.

Lo que más falta hace en la crítica realidad del sistema de justicia es la incorporación vigorosa de la técnica de los principios. En todo caso, esta crisis no sólo tiene que ver con algunas sentencias de la Corte Suprema de los últimos meses, ni con un supuesto activismo judicial (hoy repudiado, pero ansiado hace algunas décadas). Nuestra crisis es de falta de conciencia de los principios que deben recoger los jueces en las sentencias.

Propicio, entonces, un intenso activismo judicial, pero con razonabilidad y principios jurídicos. De los tribunales, ordinarios y especiales, en cada sentencia, y que los vacíos de las reglas abran la mente del juez hacia el universo estelar de los principios. La jurisprudencia será más robusta en la medida en que incorpore la técnica de los principios. Es que los jueces, como los juristas, son los más llamados a manifestar, a través de los principios, la conciencia social de su tiempo.

Se ha llegado a decir que los jueces no deben resolver temas tan técnicos o que en algunos asuntos es la Administración (Poder Ejecutivo) quien ha de tener la última palabra. Por cierto que los temas muy especializados se resuelven mediante tribunales especializados (su creación es una saludable tendencia actual); pero los jueces siguen teniendo la última palabra en los conflictos que se susciten en nuestra sociedad.

Entonces, ante las lagunas de las reglas, no podemos esperar de los jueces sino activismo: pero mirando los principios, con racionalidad, y así deben seguir haciéndolo.

Es que los jueces tienen por canon constitucional el control total de la actividad administrativa; incluidos los tecnicismos, y no es posible postular la claudicación de ese control, mediante la exportación del estándar de la "deferencia" (reverencia, más bien) o de un minimalismo del rol judicial.

Y este es el quid del asunto, y el desafío de la judicatura actual. La racionalidad que esperamos como respuesta está en los principios, en ese pulso de la conciencia jurídica popular o social, que late en medio de las lagunas del Derecho; pero no son los valores personales de cada juez los que se deben depositar en cada sentencia, sino ese precipitado valórico principal.

En fin, ¿qué podemos ganar con una reinserción de la cultura de los principios jurídicos?

Es la sociedad toda, en definitiva, la que se nutrirá con un diálogo más depurado; un diálogo principial, que unido a su sentido común, conforma eso que los sociólogos llaman conciencia jurídica o imaginario jurídico, los que, como los principios, "van más allá de las reglas" y más acá de la conciencia o imaginario de cada cual: es la conciencia colectiva del bien o del mal. Es, en fin, como parece que se construyen las sociedades justas.

Alejandro Vergara Blanco



Profesor titular de Derecho Administrativo

Pontificia Universidad Católica de Chile