Señor Director:

Soy esposa de Luis Tralcal Quidel, y le escribo para refutar el artículo de prensa publicado el domingo 6 de enero pasado en Reportajes con el título “Luis Tralcal Quidel, ‘el duro’ del sector de Vilcún”.

Primero, quiero señalar nuestra molestia como familia y comunidad por su continua actitud de involucrar a mi pareja en diferentes hechos o situaciones que el Ministerio Público no ha logrado acreditar en los distintos juicios que se han sostenido en su contra. Como consecuencia de lo anterior, un año y medio estuvo en prisión preventiva bajo la Ley por Conductas Terroristas que forzó el inicio de una huelga de hambre por 84 días con otros 34 comuneros que exigían un juicio justo y un debido proceso.

La verdad es que todos los juicios que el Ministerio Público ha llevado hasta los Tribunales de Justicia han finalizado con sentencias absolutorias. En su reportaje plantean que en el 2006, Luis protagonizó “un ataque incendiario en el fundo Las Praderas”; sin embargo, en dicho juicio fue absuelto, y no pudieron establecer si dicho incendio fue intencional o accidental.

En su mismo artículo plantea que Luis salió fuera de Chile a entrenarse bajo la conducción de las FARC. Sobre eso es importante señalar que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados citó al jefe de la PDI de ese entonces, y él mismo señaló que no existían las pruebas suficientes para plantear dicha acusación.

Cuando mi esposo fue detenido, en agosto del 2009, en un allanamiento en el sector Yeupeko, una de las supuestas pruebas para inculparlo fueron municiones de guerra y mecha detonadora de explosivo. Quien dirigió aquellas diligencias fue el fiscal militar Aparicio Pinto, que luego de investigar desestimó aquellas pruebas para iniciar un juicio. Sin embargo, el Ministerio Público tomó las mismas pruebas para desarrollar un juicio en su contra por el delito de tenencia ilegal de municiones y explosivos, que finalmente también terminó por absolverlo.

Lisette Melillán