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Cartas
Sábado 16 de febrero de 2013
Asamblea constituyente
Señor Director:
Varias cartas al diario y sus respectivos comentarios abogan por establecer en Chile una asamblea constituyente para sustituir la Constitución vigente, pero muy excepcionalmente se difunde el proyecto de nueva Constitución que se propone; es decir, se busca la creación de un Poder Constituyente "en blanco", situación muy peligrosa en un proceso político caracterizado por la influencia de movimientos que no respetan la institucionalidad legal existente, usan la violencia y atropellan los derechos humanos de los demás, lo que se suma a la tolerancia de las conductas extralegales.
Nuestro proceso político adolece de dos graves defectos: análisis, opiniones o propuestas fuera de contexto; es decir, no tienen presente la época y circunstancias en que los hechos se produjeron, y el "nominalismo", que denomina con términos similares situaciones originarias y actuales que son diferentes. Tal ocurre con las denominadas "asambleas constituyentes" del pasado histórico. Es efectivo que las Constituciones de 1833 y 1925 fueron aprobadas para resolver graves crisis políticas, pero cada una tuvo causas diferentes y soluciones distintas, de acuerdo con el contexto de la época. Las modificaciones a la Constitución de 1980 se produjeron inicialmente en el proceso político de transición del gobierno autoritario a un gobierno democrático, fruto de una negociación política, para producir un cambio pacífico, moderado y gradual. La vía armada no tenía posibilidad de éxito ante fuerzas militares como las chilenas; la resistencia pacífica, no violencia activa, terminó con la muerte de personas, generalmente los más desvalidos. Las reformas de 1989 fueron aprobadas por un mayoritario plebiscito y la de 2005 por la mayoría de los diputados y senadores.
Si se desea modificar la Constitución para crear una asamblea constituyente, dése a conocer él o los proyectos de nueva Constitución que se propondrán, llámese a votar en la próxima elección de diputados y senadores y de Presidente de la República por los candidatos que estén de acuerdo con la convocatoria y con los proyectos de nueva Constitución. Así, será la ciudadanía activa la que resuelva en definitiva si desea o no modificar o cambiar la Constitución, con voto debidamente informado.
Francisco Cumplido Cereceda