A 12 años de la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que lo reforma, considerando una cuarentena de aspectos, en tres ejes: impulso a la coordinación de todas las instituciones del mismo; capacitación en ciertos procedimientos clave (como el trabajo del sitio del suceso o los procesos de recolección de evidencia), y modificaciones legislativas para aumentar la protección y participación de las víctimas en el proceso, fortalecer el trabajo policial y mejorar la persecución penal por el Ministerio Público, así como el funcionamiento institucional en su conjunto. Los mejoramientos buscados no se circunscriben, pues, a lo legislativo, sino que suponen cambios en la forma en que los actores -principalmente las policías y el Ministerio Público- deben realizar su labor. Conceptualmente -como lo precisó hace poco a este diario la ministra del ramo-, su fuente es fruto del trabajo -al que también contribuyeron parlamentarios- de una comisión de expertos convocada por el Ministerio de Justicia, que analizó los problemas identificados por el mismo y sus posibles soluciones, y fue invitado a plantear temas adicionales que estimaran necesarios. Ese informe fue consultado a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, integrada por todas las instituciones del mismo, que también formuló propuestas para resolver los diversos nudos críticos.
Este nuevo impulso reformador corresponde a los ajustes que, como se previó desde su inicio, va requiriendo periódicamente una innovación tan enorme como lo ha sido la nueva justicia penal. Cabe notar, sin embargo, que un sistema judicial adecuado es solo condición necesaria, mas no suficiente para bajar las tasas delictivas. Estas disminuyen paulatinamente solo cuando un país logra aplicar en forma simultánea una política coherente y eficaz de prevención y control, en las áreas de educación, empleo, judicatura y policías, organización comunitaria, penitenciario-carcelaria, de rehabilitación y reinserción.
En realidad, las soluciones no dependen necesariamente de modificaciones legales ni de asignar mayores recursos, sino también de procesos de coordinación, capacitación y perfeccionamiento de los profesionales que participan en el nuevo proceso, y de la revisión de ciertas modalidades institucionales aplicadas hasta ahora. De ahí que este enfoque global sea acertado, y al respecto la labor de la Comisión de Coordinación puede ser particularmente enriquecedora. En todo caso, la reforma propuesta constituye un paso importante. Sin embargo, para evaluar la respuesta del sistema procesal penal a los requerimientos que se le formulan desde distintos sectores, es preciso definir cuáles serán los estándares e indicadores de eficiencia, eficacia, calidad y productividad que se pretende medir, lo que permitirá a la ciudadanía evaluar con mejor fundamento al sistema y sus instituciones, tarea que sigue pendiente y que urge abordar a la brevedad.
Hace más de una década se había advertido ya la necesidad de perfeccionar el régimen de atención a las víctimas, para evitar las fallas detectadas en su primer año de implementación, y algunos especialistas objetaron la indefensión de aquéllas calificándola como "el eslabón perdido" de la reforma, mientras otros estimaban que tales dificultades se debían más bien a la desalineación de intereses entre víctimas y fiscales, lo cual se solucionaría con medidas de mejor gestión del Ministerio Público.
Las principales deficiencias respecto de la actuación de la policía se centran en la calidad de la información contenida en el parte policial, especialmente en cuanto a la falta de antecedentes sobre las víctimas y la insuficiente información que generalmente se recaba de los testigos. Ambos aspectos pueden afectar el éxito de una persecución penal. Otro grave problema se relaciona con la labor de levantamiento en el sitio del suceso, que se traduciría en fallas por extravío o manipulación de la evidencia, y en la cadena de custodia de la misma. Además, se requieren cambios en la malla curricular y en los procesos de formación de los nuevos policías.
En el caso del Ministerio Público, se busca fijar criterios claros de intervención de cada policía, según las características del hecho delictivo, y mejorar la comunicación entre los fiscales y el órgano policial ejecutor de la investigación. También se buscará brindar acceso al Banco Unificado de Datos (BUD) y sentar metas comunes a los actores del sistema, en especial priorizando como indicador el logro de casos "judicialmente resueltos".
Varios aspectos del proyecto remiten a debilidades de coordinación institucional y del trabajo policial o de las fiscalías ya detectadas por evaluaciones anteriores -CEJA, Paz Ciudadana, U. de Chile, entre otras- en los primeros años de la reforma, pero aún no subsanadas. Siendo así, es positivo que los esfuerzos del Gobierno no se concentren ahora sólo en la tramitación del proyecto de ley, sino que procuren impulsar progresos concretos en las materias referidas, que podrían determinar avances en los resultados del sistema.