La ambivalencia que la República exhibió frente a los mapuches -lograr su asimilación al resto de los chilenos, pero manteniéndolos separados para proteger sus tierras de los apetitos de éstos- quedó de manifiesto en las diversas leyes que se dictaron a partir de 1866. La más importante de ellas fue, sin duda, la de enero de 1883, que creó la comisión radicadora de indígenas. El propósito de esta ley fue otorgar títulos de merced a una familia o a un grupo de familias sobre un terreno previamente delimitado. De esta manera los indígenas fueron incorporados al régimen de propiedad inmueble del derecho civil chileno bajo la fórmula de comunidad, con la peculiaridad de que estaban impedidos de enajenar sus tierras. Con ello los mapuches, acostumbrados a desplazarse, y en ocasiones a grandes distancias al oriente de la cordillera -recuérdese que alcanzaron hasta la provincia de Buenos Aires-, fueron forzados a transformarse en pequeños campesinos, lo que además acarreó profundos cambios en su compleja estructura social. La comisión radicadora otorgó cerca de tres mil títulos, quedando extensas zonas al margen de su acción, como el Alto Biobío y gran parte de las antiguas provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue. Al examinar tanto los planos que acompañaron a los títulos de merced como los notables levantamientos topográficos de La Araucanía hechos entre fines del siglo XIX y comienzos del siguiente por Nicolás Boloña, se advierte la existencia de sectores de alta concentración de comunidades, por una parte, y la escasa cabida de muchas de ellas. En un par de generaciones, el crecimiento demográfico, unido a malas prácticas agrícolas, redujo la productividad de la tierra y forzó a muchos indígenas a emigrar a las ciudades.
Los problemas en torno a la propiedad de las tierras en las provincias australes impulsaron al primer gobierno de Ibáñez a dictar numerosas leyes para tratar de resolverlos. Algunas de ellas trataron directamente de la propiedad indígena, y ya en 1927 se dieron las primeras normas para dividir las comunidades. Se estima que hasta la puesta en vigencia de la Ley N° 14.511, durante el gobierno de Jorge Alessandri, se dividieron alrededor de 800 comunidades. Bajo la mencionada ley se dividieron sólo 126. Por cierto que en estas fórmulas de liquidación de las comunidades los nuevos propietarios individuales cargaban con diversas prohibiciones de enajenar sus inmuebles.
Con los DL 2.568 y 2.750 del gobierno militar se puso en marcha un extenso proceso de división, que fue posible por las facilidades dispuestas para iniciar el proceso, que, según se ha calculado, alcanzó a unas dos mil comunidades. Sumando estas cifras, todas estimadas, se podría concluir que hacia 1990 no había prácticamente comunidades indivisas.
No está de más advertir que estas divisiones no hicieron sino reconocer una realidad: que los comuneros, en contra de las visiones ideológicas y equivocadas de ciertos sectores, trabajaban las tierras en forma individual. Por tal motivo, y al no estar divididas, las querellas internas dentro de las comunidades sobre deslindes consuetudinarios y sobre el uso de la tierra fueron tan numerosas que sobrepasaron la capacidad de los antiguos juzgados de letras de indios e hicieron su labor irrelevante.
No puede extrañar, en consecuencia, que con el retorno de la democracia la necesidad de recuperar los "mapas mentales" de las comunidades fuera prioritario para políticos y académicos que siempre renegaron de las medidas "neoliberales" aplicadas a las tierras mapuches. Y en ese espíritu se constituyó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas durante el gobierno de Aylwin, precedente de la Ley N° 19.253, de 1993, que habría de dar un giro radical y de impredecibles consecuencias a un problema que, a esas alturas, había dejado de ser tal.