"Mando político"
La fiscal que investiga las eventuales responsabilidades penales en la actuación de diversas autoridades del aparato estatal en las decisiones tomadas durante las primeras horas luego del terremoto del 27/F recibió el informe especial que solicitó a la PDI. Este contiene un pormenorizado recuento del movimiento de información y las decisiones en esas primeras horas. A la población no le será fácil seguir los tecnicismos legales que podrían establecer o descartar responsabilidades penales en la conducta de las autoridades ese día. Hubo una falla general del aparato del Estado, pero había tareas que correspondían a determinadas autoridades, y lo que hay que clarificar es si en sus decisiones u omisiones hubo un descuido o negligencia tal, que configuren un ilícito penal.
Sin perjuicio de lo anterior, ciertamente cabría considerar que hay responsabilidades políticas involucradas, si se concluye que las decisiones fueron tomadas sin seguir protocolos adecuados, o sin atender a información disponible, o de manera vacilante o dilatada en el tiempo. Tal responsabilidad se vería agravada si ello se tradujo en pérdidas de vidas que habrían podido evitarse con mejores decisiones. La propia corrección que la Presidenta Bachelet hizo a su declaración inicial -reconociendo ahora que era la máxima autoridad política del Comando de Operaciones de Emergencia esa mañana, sin perjuicio de las potestades que cada funcionario tenía conforme a su cargo- conduce la discusión precisamente hacia la responsabilidad política y sus alcances.
El reconocimiento de ese "mando político" se aviene mejor con las imágenes que todos han podido ver en las grabaciones en las oficinas de la ONEMI, que muestran a Bachelet como el centro de toma de decisiones. La idea de que pese a su presencia ahí estaba completamente fuera de la línea de mando -como se venía sosteniendo- no parecía verosímil.
El error central
De los antecedentes del informe de la PDI que se han conocido de manera pública surge inequívocamente un elemento que cruza la mayor parte de las acciones y decisiones tomadas esa madrugada: el poco profesional anhelo por encontrar sustento para no declarar alarma de  tsunami y evitar así inquietar más a la población, ya golpeada por el terremoto. Según el informe, eso ocurrió en todos los niveles: inicialmente en el SHOA, que luego de entregar la alerta de tsunami, a las 3:58 am, siguiendo el aviso llegado desde Hawai minutos antes, la quitó a las 4:49, por información contradictoria de sus mareógrafos y la incorrecta suposición de que un eventual epicentro terrestre no produciría un maremoto; luego en la ONEMI, que prefirió seguir el cambio del SHOA, a pesar de la información que le estaba llegando sobre olas destructoras en varias localidades, información disponible ya a las 5:17. Eso fue seguido por la propia Presidenta Bachelet, quien intentaba telefónicamente ratificar la información vacilante proveniente del SHOA, en vez de insistir en la alarma, como indican los protocolos para terremotos de esa magnitud. También lo hizo el comandante de la Zona Naval de Talcahuano, quien descartó la posibilidad de un tsunami , a pesar de que éste azotó a ese puerto luego a las 5:57 y a las 6:05 de esa mañana.
Si se hubiese seguido de manera estricta la categórica indicación de alerta del centro de tsunamis de Hawai llegada a las 3:48 e informada por el SHOA diez minutos más tarde, sin atender a ningún otro elemento distractivo -pues el protocolo para terremotos de esa magnitud así lo exigía-, se pudieron haber evitado algunas de las tragedias ocurridas en Juan Fernández, Constitución y Talcahuano, de acuerdo con la línea del tiempo que el informe estableció.
Ese error de criterio, al considerar que era más conveniente no inquietar aún más a la población si había alguna posibilidad de que la alarma estuviera mal fundada que alarmarla a pesar de ello, fue el elemento que perturbó de manera perversa todas las decisiones de esa mañana, incluidas las de las más altas autoridades. Será la ciudadanía la que deberá evaluar las responsabilidades políticas que ello conlleva.
Tiempos judiciales y electorales
Es desafortunado que el cronograma judicial de esta causa -hasta el inicio del mismo juicio oral- se sobreponga con el proceso electoral del país. Eso potencia la carga política de este proceso judicial, suscitando suspicacias que en el mediano plazo pueden afectar la aceptación social de su fallo.
El bloqueo que ha sufrido el nombramiento para la Corte Suprema del ministro Muñoz Pardo -por resoluciones judiciales que molestaron a un sector político- no contribuye a disipar esos temores en la opinión pública.
Con todo, la campaña electoral -en especial tras este reconocimiento de Bachelet del "mando político" en el fallido COE- puede brindar la posibilidad de que los chilenos conozcan directamente de la ex Presidenta sus reflexiones sobre uno de los traspiés más graves que ha vivido el Estado chileno. Hasta ahora ella ha evitado referirse públicamente al caso más allá de sus declaraciones a la justicia.