Señor Director:

En relación con la carta que, el 1 de febrero, publicara mi colega británico, el embajador Benjamin, deseo referirme al carácter espurio del "referéndum" que el gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas, en consonancia con el gobierno británico, pretenden llevar a cabo en marzo próximo.

Este referéndum (carente ab initio de todo efecto legal) no puede escudarse en la pretendida libre determinación de los isleños cuando ninguna resolución de Naciones Unidas les ha reconocido tal derecho, contrariamente a lo que ocurre en los casos en que el principio de autodeterminación resulta aplicable. La ONU ha entendido que una población implantada por la potencia colonial, como es la población de Islas Malvinas, no es un pueblo con derecho a la libre determinación, ya que no se diferencia de la metrópoli.

La disputa de soberanía conocida como "Cuestión Malvinas" es un caso de territorio colonizado, no de población colonizada. Así, el pretendido referéndum constituye una falacia, pues implica un ejercicio de consulta a la población (británica) de una de las partes en el diferendo de soberanía (el Reino Unido). Este vicio de origen no es salvado por la alusión del embajador Benjamin a que algunas familias británicas residentes en las Islas Malvinas llevan hasta nueve generaciones viviendo en dicho territorio. Al respecto, no debemos olvidar que la población británica de las Islas Malvinas se estableció en 1833 cuando la Armada británica expulsó por un acto de fuerza a la población argentina (y sus autoridades), reemplazándola por sus propios nacionales.

En este contexto, no es casual que mi colega británico -en su sesgada nota destinada a defender lo indefendible- "olvide" mencionar el incumplimiento del Reino Unido (miembro permanente del Consejo de Seguridad) de una decena de resoluciones de la Asamblea General de la ONU que instan a ambas partes (Argentina y Reino Unido) a negociar; resoluciones de la AGNU a las que se suman las emitidas anualmente -desde 1989- por el Comité de Descolonización. Londres persiste también en rechazar los pronunciamientos -concordantes con lo actuado por la ONU- del Grupo de los 77 y China, de los organismos regionales y de las Cumbres Iberoamericanas, entre otros foros multilaterales.

El embajador Benjamin no sólo no explica el porqué de la contumaz negativa británica a negociar. Tampoco alude a otros aspectos de la actividad del Reino Unido en el área que preocupan a la comunidad internacional: la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables (que viola lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la AGNU) y la militarización del Atlántico Sur. Las Islas Malvinas se encuentran entre los territorios más militarizados del mundo, teniendo presente que más de un tercio de su escasa población corresponde a efectivos militares; la base militar del gobierno británico en las Islas constituye hoy la mayor base militar existente en el mundo al sur del paralelo 50° sur.

A modo de conclusión: la Argentina está dispuesta a dialogar con el Reino Unido, únicas dos partes en la disputa reconocidas por Naciones Unidas, que ha rechazado la aplicabilidad del principio de autodeterminación. Un referéndum organizado por una población británica constituye sólo un ilegítimo intento de avalar un acto de usurpación y vulneración de la integridad territorial argentina. En este sentido, los países miembros de la Unasur han suscripto una Declaración Especial en la que se hace alusión expresa al referéndum manifestando -de conformidad con las Resoluciones pertinentes de Naciones Unidas- que éste en nada altera la esencia de la Cuestión Malvinas y que su eventual resultado no pone fin a la disputa de soberanía. Lo contrario sería analogable (en términos privados) a una situación en la que -ante la ocupación armada de una casa particular y subsiguiente expulsión por la fuerza de sus propietarios- se consulte luego a los ocupantes a quién corresponde el dominio.

Ginés González García
Embajador de Argentina