Recientemente el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de reforma al sistema procesal penal que propone 36 medidas tendientes a perfeccionar su funcionamiento. Básicamente, en lo conceptual tendría como fuente el trabajo realizado por una mesa de expertos, parlamentarios y personeros de las propias instituciones competentes, en relación con diversos nudos críticos en el funcionamiento del sistema que dichas modificaciones aspiran a resolver. Ellas tienen tres ejes: cambios legislativos, capacitación y coordinación. Así, los mejoramientos no se buscarían únicamente por la vía legislativa, sino que suponen cambios en la forma en que los actores deben realizar su trabajo, y al respecto se enfocan en dos que son capitales: la policía y el Ministerio Público.
Las principales fallas detectadas en relación con la actuación de la policía conciernen a la calidad de la información contenida en el parte policial, especialmente en cuanto a la falta de antecedentes sobre las víctimas y los insuficientes datos que generalmente se recaban respecto de los testigos. Ambos aspectos constituyen elementos clave, que pueden afectar el éxito o fracaso de una persecución penal.
Otro grave problema detectado se relaciona con el procedimiento relativo a las operaciones en el sitio del hecho delictivo, con deficiencias asociadas al extravío y manipulación de la evidencia, y a la cadena de custodia de la evidencia. A esto se suman ciertas necesidades de cambios en la malla curricular y en los procesos de formación de los nuevos policías.
En el caso del órgano persecutor, los cambios apuntan a establecer criterios claros para la intervención de cada policía (Carabineros o Investigaciones), dependiendo de las características del hecho delictivo, y a mejorar la comunicación entre los fiscales y el órgano policial ejecutor de la investigación. Junto con lo anterior, se buscará otorgar acceso expedito y funcional al Banco Unificado de Datos (BUD), así como fijar metas comunes a los actores del sistema, principalmente en el sentido de establecer como indicador el logro de casos "judicialmente resueltos".
Varios de los aspectos considerados por este proyecto giran, pues, en torno a factores asociados a la coordinación institucional y al trabajo policial, debilidades también detectadas por evaluaciones previas del sistema procesal penal, realizadas por centros y casas de estudios como CEJA, la Fundación Paz Ciudadana y la Universidad de Chile en los primeros años de implementación de la reforma, y que pese al tiempo trascurrido no han podido ser subsanadas. Es imprescindible que de este nuevo esfuerzo legislativo deriven prontos progresos perceptibles, y es posible que así ocurra, pues parece haber hoy extendida coincidencia en cuanto a dónde radican los problemas mayores.
Para eso será importante que la energía del Gobierno no sólo se concentre en la tramitación del proyecto de ley, sino que simultáneamente se oriente a mejoramientos concretos en materia de capacitación de las policías (una labor redobladamente difícil, dado el aumento de su contingente) y de coordinación institucional. Si estas se llevan a cabo, podrán tener un efecto muy significativo en la persecución penal y en mejorar los resultados del sistema. Pero si se dejan en segundo plano esos aspectos, los esfuerzos legislativos pueden tener solo un resultado marginal. Complementariamente, correspondería a la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal -que reúne a las máximas figuras de todas las instituciones protagónicas del sistema y dispone de vasto potencial de acción- asumir un papel resuelto y de liderazgo en la materialización de dichos importantes cambios.