La demora por parte de los legisladores y de las autoridades de salud en definir una política estable para terminar con el problema que representa la presencia de miles de perros vagos que pululan en nuestras ciudades ha provocado una serie de situaciones conflictivas que, en algunos casos, han tenido graves repercusiones.
La última de ellas ocurrió al interior de la Catedral de Punta Arenas cuando un grupo de unos cien supuestos animalistas con vándalos y violentistas ingresó al templo profanando el altar y sustrayendo elementos de culto desde las dependencias del principal templo católico de Magallanes. Los manifestantes protestaban por el hallazgo de 37 perros vagos muertos en diversas calles del centro de la ciudad, lo que vincularon con expresiones del obispo Bernardo Bastres, quien pidió públicamente poner atajo al problema sanitario que representa la existencia en las calles de la capital regional de unos 13 mil perros abandonados y a los ataques que a menudo sufren por parte de estos canes los feligreses al salir del templo.
El obispo anunció una querella contra los autores de los destrozos y se reunió con animalistas que repudiaron estos hechos. Los protagonistas de este sacrilegio, en tanto, dieron claras muestras no solo de intolerancia, sino de una agresividad que repudian cuando se trata de perros vagos.
Pero el problema se reitera a diario, y la carencia de una legislación definitiva incrementa su gravedad. Desde 2009 está pendiente el proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas, y debido a la falta de una normativa, las personas que sobreviven a las mordidas de un perro o, incluso, de jaurías, no logran que se les repare el daño sufrido ni menos pueden evitar que cesen los ataques.
Para las entidades proanimales, el Ministerio de Salud nunca se ha hecho cargo del problema, y no se ha preocupado de educar sobre tenencia responsable, esterilizar masivamente y controlar la población canina, como ocurre en Estados Unidos y Europa. En Chile, según el Colegio Médico Veterinario, hay un perro sin un dueño responsable por cada cinco personas, es decir, 3,2 millones de animales. Los guarismos señalados muestran una situación que requiere urgentemente de una política que defina cuáles son las autoridades responsables de aplicar las medidas que sirvan para controlar el flagelo, cuidando las formas de protección de los animales y asegurando a la población normas que definitivamente eliminen la presencia de jaurías callejeras.