Los desbalances que existen en la organización de la economía están reflejados en la tensión social que vive el país. El único camino viable es enfrentar estas situaciones una a una para así restablecer el equilibrio que todo grupo humano requiere para funcionar. El peligro está en la intransigencia de los extremistas del mercado, que se resisten a que sus ideas puedan tener fallas, y el escaso aprendizaje de los ideólogos del Estado, que hacen caso omiso a los enormes fracasos del estatismo. Una revisión de los hechos ocurridos en los últimos meses permite observar este desbalance en tres ámbitos que impactan en forma significativa el presupuesto de los hogares medios e inciden directamente en su posibilidad de satisfacer necesidades que la sociedad actual considera básicas. Primero, hemos extraviado el necesario balance que debe existir entre acreedores y deudores en el mercado financiero. La normativa actual protege en exceso a los primeros en perjuicio de los segundos: los intereses de los créditos pueden acumularse sin límite y en muchos casos se permite contabilizar como activos deudas simplemente incobrables, como si eximiésemos de la obligación de prudencia más elemental a la gestión del riesgo en el otorgamiento de créditos. Después del caso La Polar ha quedado en evidencia que es necesario restablecer un equilibrio razonable en este ámbito. Segundo, en la educación superior se ha mantenido un desbalance entre las universidades y los estudiantes, donde las primeras asumen poca responsabilidad respecto de los resultados de la educación que entregan y de la empleabilidad de sus carreras, de modo de asegurar, con una razonable certeza, que el valor intrínseco de esa educación supera al arancel que se cobra. La ley de acreditación de 2006, que fue un pequeño paso en corregir esta distorsión, demoró más de cinco años en vencer las resistencias de los ideólogos del libre mercado que sostenían que interfería con la libertad de las personas. Luego de las protestas, está claro que hay que restablecer el balance entre el poder de las universidades y de los estudiantes. Tercero, en la salud se ha planteado hace tiempo la necesidad de restablecer el balance entre los cotizantes y las isapres, de modo de eliminar las discriminaciones por riesgo, las preexistencias y la cautividad a la que están sometidas las personas. El Tribunal Constitucional ha fallado reiteradamente en este sentido. Por su parte, los beneficiarios del sector público simplemente quedan indefensos en caso de enfermedades no cubiertas por el AUGE. La comisión de expertos convocada por el Presidente Piñera indicó en enero pasado un camino para superar estos desequilibrios, sin que exista avance hasta ahora. Estos desequilibrios responden a una confianza excesiva en los mercados libres, que contrasta con la nutrida evidencia de que el progreso de los países se logra a través de un prudente balance entre un sector privado fuerte, un sector público eficaz y una sociedad civil activa. Es indispensable que el mercado funcione en el interés de los consumidores y que el Estado represente fielmente a los ciudadanos. Ninguna de estas condiciones funciona por sí sola. Restablecer el balance en las reglas del juego de la vida económica plantea varios desafíos. Primero, renovar los modelos mentales que identifican libertad de mercado con eficiencia, donde la igualdad es un valor de segunda categoría. Segundo, mejorar la capacidad de ejecución que el Estado ofrece a la sociedad, sin lo cual cualquier promesa de regulación o de servicio público quedará vacía. Tercero, estos desbalances han sido tolerados porque nuestras formas de convivencia social han dado legitimidad al favoritismo y son permisivas con la discriminación, lo que debe ser reemplazado por una meritocracia efectiva, partiendo por el sector público. Lo peor que nos podría pasar es que la valiosa oportunidad de avanzar se pierda por la acción del fuego cruzado y que las verdaderas lecciones de las circunstancias actuales se terminen implementando a destiempo.