La dinámica política ha cambiado significativamente desde el retorno a la democracia: de la moderación inicial, con una adhesión política alta y estable, pasamos a un período marcado por la fuerte competencia entre las dos coaliciones, y luego entramos a una fase en que se frena la competencia y se distancian los ciudadanos de los actores políticos. Esta trayectoria amenaza la capacidad de llevar adelante las reformas claves (energía, educación, modernización del Estado) que nos faltan para cruzar el umbral del desarrollo. Considerando la adhesión total de las dos coaliciones y las características de la movilidad entre ellas (si los cambios en la adhesión de una tienen como contraparte una variación inversa en la otra o en el grupo que no se identifica con ninguna) y utilizando las encuestas del CEP, se identifican las tres fases señaladas. La moderación inicial se expresó en una alta identificación de la población con alguno de los dos bloques políticos (en torno a un 70%) y poca movilidad en la adhesión que recibía cada uno. Se logró un equilibrio entre las expectativas ciudadanas y los cambios que ocurrían en la sociedad, lo que fortaleció el liderazgo de quienes condujeron este proceso. A mediados de los 90 se inicia una fase de real competencia política, en que las dos coaliciones se disputan el apoyo ciudadano, con la campaña de Lagos y Lavín como el episodio de mayor relieve. Lo que gana uno lo pierde el otro, con una pequeña merma en la adhesión total, la que llega a un 60% a fines del período de Ricardo Lagos. Esta competencia fue acompañada de importantes acuerdos entre ambas coaliciones. Por último, durante los dos últimos períodos presidenciales ambos bloques pierden simultáneamente cuotas de adhesión (acercándose al 30% en la actualidad), sin que cambien correspondientemente sus cuotas de poder. La población no logra visualizar el horizonte en el cual pueda materializar sus aspiraciones, pero no se generan incentivos para cambiar la dinámica política, lo que socava la gobernabilidad que nuestro país requiere en esta etapa. Fortalecer la gobernabilidad en estas condiciones plantea tres desafíos que se refuerzan mutuamente: un Gobierno que organiza el entorno en que interactúan los actores relevantes; un sistema político más competitivo y representativo, y una sociedad civil más involucrada en la agenda pública. La primera tarea para renovar la gobernabilidad es fortalecer la capacidad (técnica y política) del Gobierno para generar un ambiente de confianza, que permita una intermediación eficiente en los temas claves. Los Estados modernos no sólo producen bienes y servicios públicos, sino que generan un espacio de estabilidad en las reglas del juego y de confianza política que permite la interacción de los demás actores y sin el cual la gobernabilidad se transforma en mera administración de lo que ya existe. En este terreno tenemos mucho por avanzar, porque el Gobierno ha privilegiado un estilo de gestión que desatiende la construcción de este entorno, postergando su liderazgo en materias sensibles para el desarrollo del país. El segundo desafío de la gobernabilidad es fortalecer la legitimidad de los actores políticos, para lo que se requiere mayor competencia, de modo que los partidos puedan participar eficazmente en la intermediación de los diversos intereses sociales y el sistema político recoja los cambios que ocurren en la sociedad. Como señalaba Schumpeter, la competencia es un mecanismo tan potente en los mercados como en la política. El tercer pilar para renovar la gobernabilidad es que la sociedad civil, en un sentido amplio, se organice mejor para asumir un rol más activo que en el pasado (cuando fue reemplazada por las elites sociales y políticas), pero a través de la negociación, el diálogo y la construcción de confianzas. El gran desafío es la integración de la sociedad civil a un sistema político donde sus nuevas aspiraciones tengan horizontes definidos de materialización. Tenemos la oportunidad de que el concepto de valor compartido adquiera sentido en la relación que establecen actores claves: gobierno, empresas y sociedad civil. El esfuerzo debe estar orientado a modificar prácticas y códigos con que cada uno de ellos se relaciona entre sí y que hoy sólo frenan definiciones claves para empujar el salto al desarrollo.