En días pasados, el presidente de la UDI declaró que su partido no aceptaría participar en el diálogo que ha estado impulsando el presidente del Senado, si éste incluye la reforma al sistema electoral binominal. Lo justificó arguyendo que éste "mantiene la estabilidad y la gobernabilidad". Esto lo dijo poco después de que una empresa eléctrica ligada a uno de los principales grupos económicos chilenos emitiera una declaración solemne anunciando que congelaría uno de sus principales proyectos de inversión, porque la institucionalidad política actual no le provee el marco de certidumbre que aquél requiere para su ejecución -o sea, no le ofrece "estabilidad" ni "gobernabilidad"-. Este pronunciamiento recibió el unánime respaldo del mundo empresarial: la principal traba para las inversiones, han dicho, no está en el campo propiamente económico, sino en el político. La UDI y el empresariado, que en el pasado fueron estrechos aliados, resulta que ahora están en mundos opuestos. El propio Presidente de la República tuvo que salir al ruedo para que no cundiera la desconfianza en el campo empresarial. Pero no bastan las buenas intenciones. El problema objetivo es que los grandes proyectos en áreas como energía, minería, agroindustria e infraestructura, entre otros, se encuentran con la oposición de grupos o comunidades que se sienten afectados directa o indirectamente por ellos. Surgen entonces controversias perfectamente legítimas, que no encuentran vías de canalización y resolución en la actual institucionalidad política. De ahí que las decisiones del Gobierno, el Congreso o los tribunales sean frecuentemente cuestionadas y sobrepasadas, como ocurrió dramáticamente en Aysén y Maule. En este contexto, inversiones cuya proyección se mide en décadas se derrumban como castillos de arena. Hay amplia coincidencia en que estamos ante una insubordinación de la ciudadanía frente al sistema político que nació con Pinochet, y que se reformó después en el límite de lo que consentía una derecha subvencionada por el sistema binominal. La ciudadanía dejó de conceder a sus agentes e instituciones la autoridad y legitimidad para dar solución a litigios que irán en aumento en la medida que Chile cuente con una población más educada, más conectada y con más aspiraciones. Hay que estar ciego para no ver que está en curso una erosión progresiva de la "gobernabilidad" y de la "estabilidad". Así lo vive el empresariado y lo ve todo Chile, excepto la UDI. Ante tal situación caben dos alternativas: o hacer entrar en vereda a la ciudadanía, o reformar las instituciones políticas. Este gobierno fue elegido para intentar lo primero, pero fracasó. Sólo queda la segunda opción. Ésta pasa por colocar en la agenda de cualquier diálogo los cambios en el binominal: es el punto de partida para reponer la legitimidad del sistema político y, con ello, viabilizar los proyectos hoy congelados, así como avanzar con celeridad en materias clave, como la tributaria, educacional y energética. La oposición se ha mostrado abierta a un diálogo con el Gobierno para concertarse en las cuestiones estratégicas que hoy entraban el desarrollo del país. Éste no puede obviar la reforma del binominal, una de las causas de la erosión de la gobernabilidad y de una "estabilidad" que ya está resultando paralizante. La oposición se ha colocado en la misma vereda que el empresariado. Al frente está la UDI, que parece más interesada en proteger el poder que le concede el actual sistema electoral que en la suerte del país. El Gobierno vacila, y la ciudadanía, en tanto, ya pierde la paciencia.