Jorge Marshall Doctor en Economía de Harvard y Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAB La economía chilena debe ser conducida con un doble foco: uno para sortear las turbulencias de la crisis financiera de la Eurozona y, el otro, para cimentar las bases de nuestro tránsito al desarrollo: ambos son indispensables en las actuales condiciones. Respecto de lo primero contamos con la buena experiencia de fines de 2008, que nos permitió superar con éxito la crisis subprime . En cambio, en el segundo ámbito debemos definir una nueva agenda que nos permita resolver los desafíos de energía, mercado de trabajo y educación. El avance hacia el desarrollo requiere de condiciones institucionales para enfrentar desafíos de mayor envergadura. Durante décadas las recetas para crecer estuvieron volcadas a las variables económicas, con poca atención a las condiciones institucionales. Sólo recientemente se ha reconocido la relevancia de estos factores, reubicando el funcionamiento de los mercados en su contexto social y político. Este hecho se expresa en la percepción que el país no tiene un proyecto que represente el interés común y que esta carencia tiene gran importancia. En la encuesta Latinobarómetro el 70% cree que a través de su historia Chile ha estado gobernado por una clase dirigente, con intereses diferentes a los de la sociedad en su conjunto. Por lo mismo no es extraño que Chile funcione con bajos niveles de confianza interpersonal, lo que afecta negativamente la convivencia. De acuerdo a la misma encuesta, sólo un 13% de las personas considera que se puede confiar en la gente. La institucionalidad de un país se reproduce en el tiempo, hasta que emerge una innovación que altera esta inercia. Estas innovaciones pueden provenir de cinco fuentes. Primero, la acción de actores prominentes, que son personas u organizaciones que siguen un comportamiento que se aparta de los patrones esperados. En un ambiente de baja confianza son generadores de confianza o constructores de proyectos colectivos. Ellos alcanzan mayor efectividad cuando se concentran en acciones con visibilidad y contagio hacia el resto de la sociedad. Segundo, la nueva institucionalidad debe apoyarse más en la perspectiva local, donde interactúa un número acotado y estable de actores, que genera incentivos para desarrollar estrategias de colaboración, que alimentarán la confianza y la búsqueda del interés común. Esto requiere avanzar más decididamente en fortalecer los gobiernos regionales, el diálogo en los territorios y la capacidad de los municipios para responder a las expectativas de la población. Tercero, la acción del Gobierno debe crear valor público, que incluye tres componentes: los servicios que se ponen a disposición de los ciudadanos; el impacto que éstos tienen en la calidad de vida de la sociedad; y la legitimidad y la confianza que produce la acción pública. Esta dimensión requiere incrementar los niveles de confianza a través de transparencia, información y participación. La construcción de confianza en torno a políticas públicas es asimétrica, en el sentido que se pierde a una velocidad mayor a la que se construye. Desde este punto de vista la confianza es un activo que cada gobierno debe cuidar para que esté disponible para los siguientes. Cuarto, el camino al desarrollo requiere adaptar el funcionamiento de la economía a los nuevos escenarios de los mercados internacionales. Esta flexibilidad requiere de reformas estructurales capaces de acelerar el progreso del país. El funcionamiento del mercado del trabajo, la calidad de la educación, el sistema de innovación y la descentralización son algunas de las materias que han sido identificadas como deficitarias en los estudios comparados de Chile con el resto de los países de la OCDE. Para avanzar en ellas se necesitan acuerdos sociales y políticos amplios. Quinto, la permeabilidad de la política ayuda a asegurar la legitimidad democrática. The Economist califica a la democracia chilena como imperfecta, por lo que resulta clave realizar los ajustes para que el sistema político acompañe a los cambios que ocurren en la sociedad. Esto significa, introducir mayor competencia en el sistema electoral y en los partidos políticos. Estas innovaciones serán capaces de romper la inercia institucional que existe en Chile y serán la base para cerrar la brecha que nos separa del desarrollo.