Las expectativas de alcanzar acuerdos significativos en la VI Cumbre de las Américas eran bajas, y fueron confirmadas como magras por los hechos. Por lo demás, el escepticismo sobre estas reuniones siempre ha prevalecido, debido a sus reiterados escasos logros en el pasado. Variados factores contribuyen a los desacuerdos en estas reuniones colectivas presidenciales del continente y de la región: subsisten marcadas asimetrías y divisiones ideológicas; la integración física y política regional lleva décadas sin prosperar; su institucionalidad es débil, y la interamericana, la OEA, es manifiestamente ineficaz, sin que se adviertan liderazgos capaces de revertir la desunión y alcanzar la convergencia. Otro factor adverso para los resultados de estas cumbres es el desinterés y la gravitación declinantes de Estados Unidos: para su seguridad y diplomacia (no así para su comercio e inversiones), el resto de América constituye una prioridad de tercer o cuarto orden, con las excepciones de sus vecinos y, probablemente, de Brasil. Algunos esperaban que el debilitamiento físico y el agotamiento político del Presidente Chávez, líder del ALBA, pudieran facilitar los acuerdos y abrir una nueva etapa de cooperación colectiva en las relaciones interamericanas. También se sostenía que la democratización, los progresos económicos y los avances en la superación de la extrema pobreza de Latinoamérica -en contraposición con el pasado y la crisis europea- le permitirían mayor autonomía y unidad para abordar sus problemas. La realidad es que la reciente cumbre hemisférica, al igual que la anterior, concluyó sin una declaración conjunta, y los acuerdos nuevamente resultaron trabados, esencialmente, por los persistentes problemas estructurales que obstaculizan la cooperación e integración americana, más que por el bloqueo estadounidense a la incorporación de Cuba a estas reuniones y por su resistencia a cambiar la estrategia para combatir el narcotráfico. EE.UU., junto a parte del Caribe y Canadá, tampoco se dejaron arrastrar por la reivindicación argentina de las islas Malvinas. Los desencuentros con Washington distrajeron una vez más del origen y responsabilidades de los fracasos de estas cumbres y permitieron atribuir a aquél la responsabilidad principal por los desacuerdos. Pocos podrían haber esperado que el Presidente Obama, en campaña para su reelección, acogiera el ingreso de Cuba sin que el régimen castrista diera al menos algún testimonio de liberalización de los derechos políticos y de respeto de los derechos humanos en la isla. Igualmente difícil resultaba que EE.UU. cambiara sus políticas antinarcóticos sin que existiera una estrategia alternativa bien definida, integral y compartida por el grueso de América Latina y el Caribe. Pese a la falta de liderazgos, es preciso reconocer la capacidad organizativa y de convocatoria del Presidente Santos: fue justamente celebrado por la hospitalidad ofrecida, por garantizar la seguridad y por haber congregado a todos los jefes de Estado, con las excepciones del Presidente Correa de Ecuador, que se autoexcluyó, y del Presidente Chávez, que se excusó a última hora por problemas de salud. Estos cometidos no eran fáciles de alcanzar debido a la solidaridad (aunque en descenso) que despierta el régimen cubano y a las amenazas a la seguridad en Colombia, a pesar de haber mejorado ella ostensiblemente, desde la gestión del Presidente Uribe. Tal vez el mayor mérito de la Cumbre de Cartagena fue el debate abierto y el consenso favorable y pragmático sobre la necesidad de convenir y diseñar una nueva estrategia para combatir el narcotráfico y sobre la incorporación de Cuba a la siguiente reunión hemisférica en Panamá.