Se dice, con razón, que la crisis laboral tiene un componente estructural local: Chile lleva 44 meses consecutivos con un desempleo superior al 8%, mientras muchos países ya volvieron a niveles prepandemia. La explicación trasciende lo económico y se relaciona también con una manera de hacer política que ha valorado más las buenas intenciones que la eficacia de los instrumentos escogidos. Las intervenciones —u omisiones— regulatorias de la última década en dos engranajes fundamentales, el sistema laboral y el de inversiones, son una clara muestra.

En el sistema laboral, la jornada de 40 horas y su excesiva rigidez, las alzas del salario mínimo por sobre la productividad y el crecimiento, la judicialización de las desvinculaciones y la falta de decisión para abordar la regulación de sala cuna que encarece la contratación de mujeres, entre otras, han contribuido a destruir empleo formal. Solo una parte de esa merma ha sido reemplazada por trabajo informal y sin seguridad social. En inversión, procesos de permisos sectoriales y ambientales disfuncionales, inciertos y discrecionales —“kafkianos”, en palabras del expresidente Boric— y un código tributario poco competitivo, explican que esta haya crecido muy por debajo de lo requerido para generar empleos formales en la magnitud necesaria.

En definitiva, loables intenciones con las que todos empatizamos —más tiempo con la familia, mejores salarios, mayor recaudación, mejores estándares medioambientales y participación ciudadana— se tradujeron en intervenciones regulatorias que no consideraron la complejidad de los sistemas y terminaron estancándolos. La política de las intenciones versus la de los impactos, en su máxima expresión.

Hoy, cuando al Gobierno y al Congreso les toca enmendar el rumbo, aparece otro riesgo: pasar de la política de las intenciones a la mera gestión, desplazando la necesaria agenda de reformas estructurales.

El Gobierno comenzó con una clara impronta reformista: el proyecto de reconstrucción aprobado por el Congreso mostró una ambición y voluntad política que no se veían desde hacía tiempo. Le siguió una agenda laboral igualmente ambiciosa, pero desplegada con menor fuerza, que incluye mayor flexibilidad para computar la jornada, polifuncionalidad y modernización de las indemnizaciones por años de servicio. Las medidas de corto plazo para reactivar el empleo anunciadas el lunes tendrán menor impacto y duración si no se impulsan esas transformaciones.

Donde esa vocación ha estado ausente es, justamente, donde más se requiere: en los permisos ambientales y sectoriales. Más allá de intervenciones quirúrgicas bien orientadas en el proyecto de reconstrucción —la principal fue rechazada en el Tribunal Constitucional—, no se ha propuesto una reforma con la ambición que se requiere. Esto, a pesar del consenso respecto de que la permisología es uno de los principales obstáculos para la inversión, cuyo crecimiento debe acelerarse sostenidamente, más allá del ciclo de este gobierno. Mucho se puede lograr mediante gestión e inteligencia artificial, y son destacables los esfuerzos del Gobierno por agilizar permisos, pero su impacto será acotado si no se rediseña el proceso mediante un cambio institucional.

Los ejemplos de los límites de la gestión se acumulan. Un proyecto de interconexión eléctrica entre el Maule y Argentina, con recomendación de aprobación del SEA, fue rechazado por la Comisión de Evaluación integrada por seremis del propio gobierno. La iniciativa “Continuidad Operacional El Abra”, US$ 7.500 millones de inversión, pidió suspender el plazo hasta mayo de 2027 tras más de 2.000 observaciones. Y la nueva cárcel de Copiapó, por US$ 308 millones, deberá destinar más tiempo a profundizar estudios sobre una comunidad de lagartijas y otra de cactus. Mientras jurisdicciones que compiten por grandes centros de datos ofrecen procesos de permisos en plazos de 6 a 18 meses, en Chile, en el mejor de los casos, tomarían de 3 a 7 años y sin certezas.

Elon Musk advertía que eficientar un proceso sin antes cuestionar su diseño es una mala idea. El de permisos ambientales y sectoriales presenta defectos de diseño cuya corrección pasa por una reforma legislativa. Lo que está en juego no es solo una reactivación sostenible de la inversión y el empleo. Cuando las instituciones y reglas democráticas no logran reformarse para entregar resultados, se erosiona la confianza en ellas y gana espacio la idea de que basta la voluntad, intuición o impulso de los gobernantes para recuperar eficacia. Postergar las reformas no es neutral: el costo lo paga la economía y la legitimidad de la democracia.