Se puede afirmar que el fin último de todo Estado es proporcionar a sus ciudadanos paz, seguridad y condiciones para su desarrollo integral y una mejor calidad de vida. Corresponde, por tanto, a sus gobernantes procurar esas condiciones. Sin embargo, existen límites inamovibles: la paz y el bienestar no pueden alcanzarse a costa de la soberanía o de la independencia nacional.

Ese es un aspecto que, a nuestro juicio, en ocasiones se ha perdido de vista en nuestra histórica relación con Argentina. En aras de preservar la paz en momentos de debilidad (ejemplo, 1881), Chile ha realizado concesiones que han afectado su soberanía. Desde el nacimiento de ambas repúblicas, nuestros límites han estado sometidos a permanentes controversias y, cuando pareciera que una cuestión ha quedado definitivamente resuelta, surge una nueva diferencia.

Algunos de quienes firmamos esta carta vivimos directamente en el área de la Crisis del Beagle, que llevó a ambos países al borde de una guerra. La Mediación Papal, las adversas condiciones meteorológicas del día de la invasión y la firme determinación de nuestro gobernante contribuyeron a evitar el conflicto.

Asimismo, conocemos por experiencia directa la importancia estratégica de la Patagonia y sus proyecciones hacia la Antártica, no solo por lo aprendido en los libros, sino también por largos despliegues de nuestras Fuerzas Armadas.

Argentina ha mantenido históricamente aspiraciones de proyección hacia el Pacífico y de consolidación de sus pretensiones antárticas, particularmente en el sector que Chile denomina Tierra de O’Higgins. Son objetivos que han mostrado continuidad más allá del signo político de sus gobiernos.

Por ello preocupa que luego de varias declaraciones sobre su derogación, continúe aún vigente el Decreto 457 del 2021, que aprueba la Directiva de Política de Defensa Nacional Argentina y contempla referencias a la “exploración, estudio y control conjunto del Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces” (Paso Drake). A ello se agregan recientes declaraciones de autoridades militares argentinas, aun cuando suavizadas, que parecen orientarse en la misma dirección.

Del mismo modo, resulta difícil comprender que siga vigente el Decreto 256 de 2010, cuyas disposiciones, a nuestro juicio, entran en conflicto con la Convención sobre el Derecho del Mar y con el Tratado de Paz y Amistad de 1984, particularmente respecto de la libertad de navegación por el Estrecho de Magallanes.

Es difícil construir una relación de plena confianza —necesaria para ambos países— mientras subsistan disposiciones que Chile considera incompatibles con tratados vigentes. En estas circunstancias, parece legítimo preguntarse si corresponde mantener, en los mismos términos, iniciativas de confianza mutua como la Patrulla Antártica Naval Combinada.

La historia aconseja prudencia, pero también firmeza. Ya en 1978 Argentina declaró insanablemente nulo el Laudo Arbitral sobre el Beagle. Esa experiencia no debiera olvidarse.

Almirantes (r), ex comandantes en jefe de la Armada