El desempleo es un drama que afecta a miles de familias chilenas. Llevamos más de tres años y medio con tasas superiores al 8% y actualmente nos acercamos a los dos dígitos. Detrás de estas cifras hay un millón de personas sin trabajo. Por eso requerimos medidas que se traduzcan pronto en nuevos empleos.

El plan “Chile Despega”, anunciado esta semana por el Gobierno de José Antonio Kast, va en la dirección correcta. Celebramos que el foco se haya puesto en activar la inversión pública y apoyar la contratación. También valoramos que considere aumentar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, así como el seguimiento de sus resultados en los distintos territorios del país. Ciertamente, cumplir la meta de crear 100 mil empleos en los próximos meses sería un avance importante.

Con todo, lograr un cambio sostenido y acercarse a la meta del Gobierno de concluir su mandato con un desempleo en torno al 6,5% requiere esfuerzos adicionales.

Con ese objetivo en mente, desde el Centro de Estudios Públicos y la CPC presentamos una agenda de 25 medidas. Hay sintonía con los objetivos del Ejecutivo y coincidencias en varias medidas, pero también hemos desarrollado propuestas que pueden ampliar su alcance.

Coincidimos en la relevancia de la inversión pública, pero enfatizamos que no basta con asignar más recursos: se necesita además una gestión que logre una ejecución efectiva y que permita superar la persistente subejecución que venimos arrastrando desde la pandemia. Eso supone dar prioridad a los proyectos que sean capaces de construir puestos de trabajo rápidamente, además de reforzar a los equipos formuladores, evaluadores y ejecutores de los mismos.

Por otro lado, proponemos mejorar la conexión entre quienes buscan empleo y las vacantes disponibles, junto con una capacitación más cercana a lo que demandan las empresas. Y para que estas puedan contratar, planteamos medidas para una mayor certeza regulatoria y formas de organizar el trabajo de acuerdo con las distintas realidades productivas. Asimismo, recomendamos dar máxima prioridad a proyectos de ley proempleo que ya están avanzados en su tramitación, el más relevante de los cuales es el de sala cuna.

El gran desafío es que todo esto debe abordarse en un escenario de alta estrechez fiscal. La discusión del Presupuesto 2027 es una oportunidad, pero obliga a establecer prioridades y a usar bien los recursos existentes. A la vez, debemos cuidar las condiciones en que contrata el sector privado, que es el que genera la mayor parte del empleo. Es imperioso reducir los costos y las rigideces laborales que dificultan la incorporación de quienes hoy están fuera del mercado del trabajo.

En definitiva, la agenda anunciada por el Gobierno puede ser complementada, sustentándose en el amplio consenso que se ha ido produciendo para abordar la emergencia laboral. Lo que corresponde ahora es avanzar con rapidez, seguir sus resultados a lo largo de todo Chile y hacer los ajustes necesarios. Cada día que pasa sin una respuesta efectiva pesa sobre las personas que buscan trabajo.

Superar esta urgencia también nos permitirá prepararnos para lo que viene en el mercado laboral. La tecnología y los cambios demográficos ya están reestructurando el mundo del trabajo. Recuperar el crecimiento y el empleo formal dará a trabajadores y empresas una base más sólida para enfrentar y adaptarse a las transformaciones del futuro.