Escribo como argentino que ha dedicado buena parte de su vida pública a fortalecer la relación entre la Argentina y Chile desde el Congreso, la diplomacia y los ámbitos multilaterales. Esa experiencia me dejó una convicción: la confianza se construye con hechos y se debilita cuando las sospechas se imponen sobre ellos.

La discusión sobre el Estrecho de Magallanes recuerda que esa confianza debe preservarse. Declaraciones ambiguas de autoridades argentinas fueron interpretadas en Chile como un cuestionamiento a su soberanía. A ello se suma el Decreto 457/2021, que aprobó la Directiva de Política de Defensa Nacional y propuso la “exploración, estudio y control conjunto” del Estrecho y el mar de Hoces. La cooperación es deseable; la expresión control conjunto, aplicada al Estrecho, fue un error.

El Tratado de Límites de 1881 y el de Paz y Amistad de 1984 establecen su régimen jurídico y no dejan duda sobre la soberanía chilena en la totalidad del Estrecho. En septiembre, ambos presidentes lo reafirmaron, inequívocamente. Falta corregir el documento de 2021 para que la directiva diga con igual claridad lo que la Argentina reconoce en sus tratados y acaba de reiterar su Presidente.

El error, cometido por el anterior gobierno argentino, no fue subsanado por el actual. La Argentina debería sustituir ese pasaje. No porque un decreto pueda modificar un límite fijado por tratados —no puede hacerlo—, sino porque una política de defensa no debe alimentar dudas sobre la posición del Estado.

También del lado argentino hay percepciones que deben escucharse. La colaboración de la dictadura de Augusto Pinochet con el Reino Unido durante el conflicto de 1982 permanece en la memoria argentina. Desde la recuperación democrática, en cambio, Chile ha respaldado consistentemente los legítimos derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ha llamado a ambos países a reanudar las negociaciones.

Por esa trayectoria, preocuparon las declaraciones del ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros. Al afirmar que existe una “situación de hecho” en la que el Reino Unido ejerce soberanía sobre las islas desde hace doscientos años, y que deben respetarse “la voluntad e interés de las personas involucradas”, utilizó una formulación difícil de conciliar con la posición oficial chilena. No invocó la autodeterminación de los isleños, pero sus palabras dieron lugar a esa interpretación. No se trata de crear una controversia, sino de preservar en las palabras una política de Estado.

La anunciada ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las islas dejó de ser una posibilidad abstracta. Una delegación isleña llegó para cerrar acuerdos y el primer viaje se proyecta para noviembre. Las cargas previstas —alimentos, materiales de construcción, maquinaria y repuestos— revelan la intención de crear una vinculación económica amplia y permanente. El ministro señaló que las exploraciones petroleras y mineras plantean un problema más conflictivo, que debe examinarse a la luz de los compromisos políticos de Chile en el Mercosur y la Unasur.

Los vínculos humanos entre Punta Arenas y las islas son históricos. Chile es soberano para decidir qué relaciones comerciales autoriza y la Argentina no pretende desconocerlo. La cuestión no es jurisdiccional, sino política: una conexión regular profundizaría la integración económica de las islas con el continente y, aunque no fuera ese el propósito, facilitaría las actividades unilaterales e ilegales de explotación de recursos naturales que lleva adelante el Reino Unido en el área disputada. Contribuiría así a consolidar aquella “situación de hecho”, objetivo central de la política británica en el Atlántico Sur. Su carácter privado no neutraliza esas consecuencias políticas.

El avance de Sea Lion, proyecto petrolero británico ubicado en la cuenca Malvinas Norte, agrega un elemento sensible. La explotación unilateral de recursos naturales en un territorio sujeto a una disputa de soberanía resulta contraria a la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU.

La preocupación no es hipotética, aunque las consecuencias de la ruta exceden ese proyecto.

La concreción de esa ruta plantea en Chile una tensión política entre el ejercicio de sus atribuciones soberanas y el claro respaldo a los derechos argentinos sostenido durante décadas en los foros multilaterales.

Se necesita claridad en ambos sentidos: a la Argentina le corresponde eliminar la ambigüedad que ella misma introdujo sobre el Estrecho de Magallanes; de Chile esperamos decisiones coherentes con su posición histórica. Son responsabilidades diferentes. Ninguna debe quedar supeditada al cumplimiento previo de la otra.

Una percepción no desaparece porque un gobierno la declare equivocada: se modifica cuando las palabras encuentran respaldo en decisiones verificables. Chile y la Argentina fueron capaces de construir una cooperación excepcional en el extremo sur. Cuidarla exige hablar también de aquello que incomoda. Corregir un decreto, examinar las consecuencias de una ruta y conversar antes de que las sospechas se conviertan en certezas públicas son pasos al alcance de dos países que conocen el valor de su amistad. Vencer las percepciones requiere transformar las dudas en confianza mediante decisiones concretas.