Señor Director:

He seguido con atención las notas de “El Mercurio” y otros medios, sobre los nuevos roles que han asumido exautoridades del gobierno anterior y la llamada “puerta giratoria”. No es la primera vez que ocurre, y seguramente no será la última.

Más allá de los cuestionamientos a figuras del Frente Amplio por su cambio de mirada respecto del mundo privado y de los vínculos que la política debe tener con él, que sin dudas están acomodadas para sus actuales necesidades, esta discusión es una oportunidad para impulsar con decisión el proyecto conocido como Lobby 2.0.

¿Cómo puede ser normal que quienes ejercemos el lobby pasemos a ocupar cargos en el Ejecutivo o el Legislativo, o viceversa, sin un período de congelamiento? ¿Y cómo podemos seguir ignorando que esta actividad todavía tiene zonas grises?

El lobby no es una actividad ilegítima. Representar intereses ante la autoridad es parte de cualquier democracia, y bien ejercido aporta información técnica y perspectivas que enriquecen las decisiones públicas. El problema aparece cuando no hay reglas claras sobre quién representa a quién, cuándo alguien deja de ser autoridad para pasar a gestionar intereses privados y cuánto tiempo debe pasar entre una cosa y otra. En ese vacío, la sospecha se instala y afecta por igual a quienes actúan con rectitud y a quienes no.

Una forma de mejorar nuestro complejo sistema político es actualizar sus reglas a los desafíos actuales, y esa tarea corresponde al Congreso y al propio Ejecutivo. Lo que está en juego es la credibilidad de la política y el papel que cumplen los privados en ella.

Gerente Asuntos Públicos Imaginaccion