Cuando el fútbol vuelve a hacer noticia por graves hechos de violencia, y cuando ha trascurrido un año y cinco meses desde el cierre de Estadio Seguro, finalmente el órgano que lo reemplazó —el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos, de la Subsecretaría de Seguridad— contaría con un jefe “titular”, según ha informado este diario. Las comillas son aquí necesarias, porque, luego de dos concursos fallidos, la designación se ha efectuado de modo directo, lo que despierta cuestionamientos entre administrativistas. El punto suma otro episodio en la saga de dificultades que ha tenido la instalación de esta nueva institucionalidad, de alguna forma reflejo de la incapacidad que ya por décadas muestra el Estado para dar con una estrategia eficaz en esta materia.

Así, y cualquiera sea el modo en que se zanje la controversia jurídica, cabe demandar de la nueva jefatura, pero también de las máximas autoridades de Seguridad Pública, el desarrollo de un plan bien concebido, que se haga cargo de todas las aristas que el problema involucra. En efecto, por mucho tiempo, se ha tendido a enfrentar la violencia en los estadios como un fenómeno puntual, cuya solución pasaría por la mera adopción de más estrictas medidas de seguridad en los recintos y por tomar ciertas prevenciones antes de la realización de determinados encuentros. Ello, mientras en paralelo se arrastran eternas discusiones respecto del papel que hoy cumplen los guardias privados y de la conveniencia o no de que Carabineros vuelva a asumir tareas que antes cumplía al interior de los estadios.

Sin desconocer la necesidad de medidas de control estrictas y las evidentes falencias que hoy muestra la seguridad privada, es fundamental ampliar el enfoque del problema. Existen evidencias de que las barras bravas operan en Chile no como simples agrupaciones de fanáticos exaltados, sino como verdaderas organizaciones delictuales, según una lógica de bandas que disputan control territorial y que desarrollan una diversidad de actividades al margen de la ley, desde el microtráfico hasta la extorsión. En ese contexto, como han planteado investigadores del CEP, las explosiones de violencia en los estadios serían apenas una manifestación más del fenómeno, una suerte de demostración de fuerza y de práctica destinada a fortalecer la galvanización de los distintos grupos. Frente a ello, apostar solo a contener la violencia en torno a determinados partidos declarados “de alto riesgo”, como ha sido el camino dominante, es una respuesta limitadísima e inevitablemente destinada al fracaso.