Una nueva guerrilla se ha abierto en la derecha a propósito de sus últimos traspiés legislativos. Estos han incluido el rechazo, por solo un voto, de la reforma constitucional para extender la detención administrativa de inmigrantes irregulares; la aprobación, en la Ley Antibarricadas, de una indicación opositora que exceptúa los bloqueos “pacíficos” de calles, y la admisión a trámite de un proyecto para bloquear cobros del CAE. El resultado de cada una de esas votaciones golpea puntos emblemáticos del relato gubernamental. Frente a ello, se ha buscado cuestionar tanto al ministro Segpres como a otros funcionarios, pero también han salido al ruedo desprolijidades en la presentación de permisos constitucionales por los congresistas y ausencias no justificadas de la sala de sesiones. La discusión, sin embargo, arriesga quedarse en una suma improductiva de recriminaciones, obviando el punto de fondo: la ausencia de mayorías legislativas y las obligaciones que esa realidad impone a todos quienes se identifican con ese sector político.

En efecto, la expedita tramitación de la Ley de Reconstrucción y de normas como Escuelas Protegidas, pudo generar el espejismo de que este Ejecutivo contaría con holguras en el Congreso de las que carecieron anteriores gobiernos. Pero si esos proyectos salieron adelante fue por un delicado y difícil trabajo negociador, que además supo sacar partido del capital político con que se inicia toda nueva administración y, en el caso de la ley sobre seguridad en colegios, del respaldo popular que suscitaba. Estas condiciones, sin embargo, se van desgastando conforme avanza un período de gobierno, marcado en este caso por abundantes turbulencias e impaciencia ciudadana. Se hace más evidente, entonces, que las bancadas cercanas al oficialismo, no obstante ser la primera fuerza en ambas cámaras, no alcanzan la mayoría (están, al menos, a tres votos en la Cámara y a dos en el Senado) y que aprobar proyectos pasa por negociar individualmente con figuras de comportamiento impredecible o con partidos como el PDG, dispuestos a cobrar cada apoyo. Más aún, aunque el discurso habitual es el de llamar a buscar “grandes acuerdos” con el Socialismo Democrático, este ha privilegiado la “unidad” con la izquierda más dura por sobre cualquier entendimiento con el Gobierno.

Ciertamente, todo esto hace aún más crítico el papel de ministerios como la Segpres, pero también evidencia el escenario en que le toca moverse. Uno tan complejo, que excede las exclusivas responsabilidades de esa cartera. Desde luego, demanda coordinación y prolijidad de todos quienes participan en el Ejecutivo; en este sentido, la idea de ministros a los que “no les gusta” ir al Congreso resulta un despropósito casi risible. Pero, además, los deberes gubernamentales no eximen a los parlamentarios oficialistas de los suyos. Estos incluyen desde lo más básico, como es no ausentarse de las votaciones, hasta el manejo prudente de las discrepancias. Finalmente, también es parte de su responsabilidad generar un ambiente mínimamente propicio al diálogo, evitando escalar odiosidades. Al respecto, actitudes como la de negar un minuto de silencio en memoria de Orlando Letelier, por ejemplo, no solo son mezquinas, sino que le hacen el peor de los favores a un gobierno que necesita construir mayorías.