Mientras recorría en Norfolk el buque de asalto anfibio “USS Iwo Jima” de la Armada de Estados Unidos, adonde fue trasladado el narcodictador venezolano Nicolás Maduro tras su captura en Caracas el pasado 3 de enero, en Chile se encendía el debate sobre la conveniencia de sumarse al Escudo de las Américas.

Tras esa contundente acción, enmarcada en el despliegue “Lanza del Sur” y que dejó en claro cómo Washington enfrentaría ahora amenazas regionales como la que representaba Maduro, comenzó a articularse esta iniciativa. Se trata de una respuesta colectiva a un problema que afecta a todos los países del hemisferio y que supera la capacidad de cada uno para resolverlo por sí solo: el avance del crimen organizado transnacional. Si la operación en Caracas fue la lanza, entonces el Escudo aspira a ser la defensa común.

Acordado a nivel de presidentes y ministros, es un foro voluntario y no vinculante. No constituye un tratado internacional ni contempla la creación de secretarías regionales o nuevas burocracias. Su propósito es avanzar en la coordinación de inteligencia y financiera para desangrar a las organizaciones criminales. Esas organizaciones han llevado a que América Latina, con apenas el 8% de la población mundial, concentre un tercio de los homicidios del planeta, y a que la región alcance una producción récord de cocaína de 3.700 toneladas.

En ninguna parte de la declaración emitida esta semana se dice que los países deban ceder soberanía para combatir a la veintena de grupos criminales incluidos en la lista. Por el contrario, se menciona expresamente que las respuestas se ajustarán a las legislaciones nacionales. Es decir, cada país contribuye como puede, quiere y debe.

Otra instancia es la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), donde se operacionalizan las acciones y cada país calibra su aporte según su realidad. Ecuador, azotado por la peor crisis de seguridad de su historia reciente, ya ejecuta misiones combinadas con fuerzas estadounidenses, y Colombia podría sumarse próximamente. Los países donde la criminalidad todavía se enfrenta en el ámbito policial, en cambio, tenderán a privilegiar la cooperación en inteligencia, logística y monitoreo de finanzas ilícitas.

Pero el Escudo de las Américas también aborda el aseguramiento de minerales críticos, algo en lo que muchos países ya venían trabajando, y la presencia de potencias extrahemisféricas. Son estos dos puntos, junto con la predisposición que se tenga hacia el Presidente Donald Trump, los que más nublan el juicio sobre el Escudo.

En el fondo, se asume que Chile fue forzado a sumarse a un acuerdo que, en rigor, lo ayuda a enfrentar a organizaciones criminales transnacionales. Es un terreno donde el conocimiento local del fenómeno es escaso y las herramientas para abordarlo aún están en desarrollo. Washington, en cambio, lleva décadas combatiendo este problema y ha acumulado experiencia y capacidades que se manifiesta dispuesto a compartir.

También en las críticas se trasluce un temor a la reacción de China, principal socio comercial de Chile. Pero fue el propio gobierno del Presidente Gabriel Boric el que frenó la construcción de un observatorio astronómico y de un cable de fibra óptica por razones de seguridad nacional, más allá de las justificaciones que se dieron en su momento. Ambos eran proyectos clave para ampliar la presencia de Beijing en infraestructura crítica.

Por lo visto, el futuro democrático de Venezuela tardará en materializarse. Aun así, es difícil sostener que ese país o la región estarían mejor con Maduro en el poder, saqueando a su pueblo y exportando inseguridad. Tampoco lo estarían con carteles poderosos que sí creen en la integración, para delinquir, mientras a los gobiernos les cuesta ponerse de acuerdo para trabajar juntos.

Es cierto que la lanza cayó sobre Caracas con una fuerza que solo Estados Unidos puede desplegar. El escudo, en cambio, depende de todos. Que las amenazas transnacionales exijan respuestas transnacionales es de una lógica simple; lo llamativo es que en Chile todavía haya que explicarlo. La soberanía no se pierde cooperando. Se pierde cuando el crimen organizado controla puertos, fronteras y barrios donde el Estado ya no llega.

Juan Pablo Toro, senior research fellow AthenaLab