La dirección del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur-ALH, que se celebra en Granada, decidió sacar del programa a la escritora argentina Ariana Harwicz. Ello, como resultado de una solicitud de la Red Universitaria por Palestina, de Granada, apoyada por otros participantes. Acusaban a Harwicz de negar la existencia de un genocidio en Gaza. Los organizadores del encuentro indicaron que tomaron la decisión “en coherencia con el compromiso de la Universidad de Granada con los derechos humanos y los acuerdos tomados por su Gobierno Corporativo respecto de Palestina”. Apoyando lo anterior, un grupo de escritores participantes afirmó que el festival estaba en su “legítimo derecho de excluir del programa a quienes entorpecen o exceden los límites de la libertad de expresión”. Extraño concepto de libertad de expresión es el que sustentan. Ilustrativo, además, de la paradoja que han advertido autores como el colombiano Carlos Granés: si en el pasado reciente el arte y la cultura fueron el territorio de la transgresión, hoy una parte de los creadores prefiere asumir la función de severos gendarmes del pensamiento.

Pero si hasta hace un tiempo este tipo de actitudes parecía imponerse sin mayor contrapeso, esta vez la decisión de los organizadores ha recibido un fuerte rechazo. La propia Universidad de Granada se distanció de ellos, indicando en un comunicado que la decisión no fue “adoptada, aprobada ni respaldada” por el gobierno de ese plantel. Además, un importante grupo de 350 escritores, filósofos e intelectuales afirmaron, en una carta pública, que “sin libertad para disentir, no hay pensamiento, y sin pluralismo, no hay cultura”, y algunos escritores invitados, como el famoso novelista irlandés John Banville, desistieron de asistir.

El episodio vuelve a poner en evidencia también el equivocado camino que algunos han pretendido tomar para conducir los debates respecto de temas públicos, incluyendo aquellos que tienen una connotación moral. Pensar que las personas que sostienen posturas distintas respecto de las propias no deben ser admitidas a participar en ciertos foros públicos, implica clausurar el debate de asuntos polémicos y, adicionalmente, acallar las voces disidentes, para que la postura propia quede establecida como la única posible de sostener. La forma en que estos grupos pretenden imponer sus puntos de vista suele incluir la interrupción violenta de los respectivos eventos, con gritos y consignas, de manera que no se puedan llevar a cabo en condiciones normales o deban ser suspendidos. Seguramente, eso es lo que tuvieron en cuenta los organizadores de Granada, al indicarle a Harwicz que la habían sacado del programa porque “no podían garantizar su seguridad”.

Ni el dilema moral que subyace a la crisis en Gaza se resuelve por esta vía, ni la causa que buscan defender se ve bien representada con actitudes como esa.