Cuando se anuncia una reforma con un fin noble, la discusión pública puede restringirse rápidamente: ¿quién podría oponerse a dar más tiempo libre a los trabajadores? Pero legislar guiándose solo por lo que Max Weber llamaba la “ética de la convicción”, donde importa la pureza del motivo, suele ser contraproducente.

Los mercados tienen engranajes: cuando se interviene, el sistema completo reacciona, a veces para bien, otras para mal. Esos efectos llamados de “equilibrio general” se suelen ignorar escudándose en buenas intenciones. Esto limita la posibilidad de realizar buenas políticas económicas.

La tecnocracia suele decir que las leyes se diseñan “en base a la evidencia”. Suena riguroso y neutral, pero la realidad de los estudios empíricos es opaca.

Manski, un Nobel sin galardón aún, entre otros, muestra que para llegar a conclusiones causales usando datos, siempre necesitamos hacer supuestos inverificables. Es decir, para responder la pregunta de “¿qué pasaría si hacemos esta reforma comparando con el escenario en que no la hacemos?”, no existe ninguna evidencia totalmente objetiva y universalmente válida, libre del juicio de quien genera la evidencia (aunque esto no significa que pueda haber supuestos y procedimientos más razonables que otros). Además, lo que funcionó en una situación en otras latitudes podría ser irrelevante para Chile.

Aquí aparece la tentación del cortoplacismo. Ante datos ambiguos, algunas autoridades optan por la ignorancia estratégica: si la mejor teoría disponible anticipa que una regulación con un aparente fin noble genera efectos nocivos en el largo plazo, conviene descartar ese informe. Más aún, el incentivo a no saber se fortalece cuando el perjuicio esperado se cree mayor: más razones tiene el político para omitir estudios y actuar en base a intenciones puras, pero contraproducentes.

Cuando se manifiestan los costos, la misma ambigüedad de los datos permite al impulsor de las reformas eludir responsabilidades. Mal que mal, la evidencia siempre descansa en supuestos y pasan eventos inesperados que difuminan los impactos.

El debate sobre la Ley de 40 horas ilustra esta tensión. Reducir la jornada es una meta legítima, pero haberla implementado bajo un esquema rígido acarrea consecuencias. El diseño chileno aprobado en 2023 limita la ventana de cálculo del promedio a solo cuatro semanas, de las más restrictivas de la OCDE.

Al estudiar la reducción de jornada de Chile en 2005 de 48 a 45 horas semanales, en Tejada y Villena (2026) mostramos que el cambio sin flexibilizar genera una reducción del empleo asalariado formal y un aumento del empleo por cuenta propia, usualmente informal, bajo supuestos que creemos muy razonables. Países con estándares mayores de bienestar, como Alemania, Portugal o Francia, resolvieron el dilema con bolsas de horas flexibles calculadas en promedios entre cuatro y doce meses. No se trabaja más al año, solo se distribuye el esfuerzo laboral cuando la actividad lo exige, muchas veces con patrones estacionales como el turismo, el comercio y la agricultura. Trabajar más cuando más se necesita, sujeto a ciertas restricciones que mantienen jornadas razonables, aunque potencialmente variables.

Diseñar políticas adecuadas significa ir más allá de la pureza del motivo y visualizar seriamente las consecuencias de mediano y largo plazo. Ni quien gobierna ni nadie puede predecir el futuro con certeza, pero sí debe gestionar el riesgo adecuadamente, reevaluando los efectos de políticas que se implementan gradualmente con mecanismos vinculantes definidos al momento de aprobar las reformas. Esa sería una forma de moverse de la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad, la que juzga al gobierno por la cadena completa de las consecuencias de una reforma.