Aunque el nuevo triunfo conseguido por la derecha radical de Alternativa para Alemania (AfD) en Mecklemburgo-Pomerania ha acaparado la atención, las elecciones regionales del domingo en ese país también dieron cuenta del avance de otra formación extrema, solo que del lado opuesto: Die Linke, una colectividad que hunde raíces en el Partido Socialista Unificado que gobernó dictatorialmente la antigua RDA hasta la caída del Muro.

Tras abandonar la definición de marxista leninista y expulsar a varios de sus antiguos líderes, los socialistas del este alcanzaron su fisonomía actual fusionándose con disidentes del tradicional Partido Socialdemócrata del oeste, para así dar origen, en 2007, a Die Linke. Desde entonces, su historia ha seguido siendo tumultuosa. En su seno conviven distintas corrientes, incluidos sectores comunistas, y sufrió una dura crisis a raíz de la guerra de Ucrania, en 2022, cuando una parte de sus dirigentes —que terminaron abandonando sus filas— asumieron posturas filorrusas.

Si por entonces vivió algunos de sus peores días, el domingo Die Linke consiguió su victoria más importante, al lograr la primera mayoría en las elecciones de Berlín, con más del 25% de los votos. Ello no asegura que su candidata, Elif Aralp, una abogada laboralista hija de inmigrantes turcos, tenga asegurada la alcaldía de la ciudad-Estado, pues todo dependerá de las alianzas que forje. En cualquier caso, el resultado ha instalado al partido como un actor relevante y un paradigma al que ya miran las desorientadas izquierdas globales (en Chile, El Siglo ha informado con entusiasmo de la elección berlinesa).

Claro que, más que ofrecer novedad, lo de Aralp y Die Linke viene a replicar un fenómeno que hasta ahora tenía como su mayor exponente al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Como él, la candidata berlinesa hizo una campaña disciplinadamente enfocada en el alto costo de la vida en su ciudad y particularmente en el tema vivienda. Pero si las propuestas de Mamdani incluían —además de supermercados municipales— regulaciones de arriendos y más impuestos, Aralp va más allá: su promesa es expropiar (“socializar”, dice el programa) 220 mil viviendas que hoy están en manos de grandes fondos inmobiliarios. La idea no es inédita, pues fue motivo de un plebiscito promovido hace algunos años por un grupo de ciudadanos, pero su viabilidad es muy dudosa: si se expropiara a precios de mercado, el costo podría superar los 40 mil millones de euros, según el Tribunal de Cuentas berlinés. Otros expertos han estimado cifras menores, aunque igualmente inimaginables para una ciudad cuyo déficit presupuestario supera los 4 mil millones de euros.

El costo, sin embargo, excede lo meramente financiero. Se trata de la señal que una expropiación de esta magnitud entregaría a los inversionistas y de la consiguiente erosión en la confianza institucional, un pilar de la economía alemana. Por lo mismo, el primer ministro federal, Friedrich Merz, ha anunciado una ley para precisamente prohibir este tipo de expropiaciones. La idea de Merz tiene, sin duda, sentido. El detalle —como han advertido medios de prensa internacionales— es que podría terminar jugando a favor de Die Linke, que tendría así a quien culpar de no poder cumplir lo que a todas luces es una promesa insensata.