El enfrentamiento del Presidente norteamericano, Donald Trump, con la prensa ha sido constante durante su mandato, insultando a periodistas, levantando acusaciones de desinformación y rechazando toda cobertura crítica. Esta vez, la pugna ha escalado a un nuevo nivel, con una medida sancionatoria “inimaginable”, en palabras del expresidente Barack Obama, en un país cuya primera enmienda constitucional defiende la libertad de expresión como pilar fundamental del gobierno democrático y que se ha definido como promotor y defensor de las libertades públicas.

El veto al ingreso de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, por transmitir —a juicio del mandatario— “noticias falsas” en una cobertura “acumulativa” durante su gestión, ha provocado reacciones airadas y una batalla judicial que recién comienza, pues los medios afectados demandaron al gobernante por transgredir el principio constitucional de libertad informativa. Además, en una reacción conjunta, las principales cadenas de televisión, CBS, ABC, NBC y Fox News —de muy diferentes líneas editoriales—, acordaron, como gesto de solidaridad con CNN, terminar con la transmisión compartida o pool de cobertura de los actos públicos de Trump, lo que se prevé restará visibilidad a la agenda del mandatario y complejizará la cobertura de la visita de Xi Jinping a Washington. A su vez, algunos diarios, como el Washington Post, no publicaron fotos de ciertas actividades presidenciales posteriores a la imposición de este veto.

A casi 40 días de las elecciones de medio tiempo, en las que se renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, el gobierno de Trump se juega la mantención de la mayoría republicana en ambas instancias. La actitud presidencial denota, de alguna manera, su necesidad de controlar la agenda en momentos en que las encuestas no aseguran un triunfo republicano, sino más bien la posibilidad de perder la mayoría en, al menos, alguna de las dos cámaras.

El descontento por el alza del costo de la vida producto del encarecimiento de los combustibles debido a la guerra de Irán —acción bélica que no cuenta con apoyo ciudadano— y una serie de reveses judiciales, como el bloqueo de la Corte Suprema a su intento de modificar el sistema de voto por correo, o la medida que le impidió renombrar el Kennedy Center agregando su propio nombre, han exacerbado la agresividad del discurso presidencial y la intolerancia a la crítica, la que suele ser calificada como desinformación o “propaganda”, en palabras del vicepresidente J.D. Vance. Según Trump, si los periodistas sancionados lo hacen “mejor”, podrían volver a cubrir la coyuntura desde la Casa Blanca. Por ahora, han debido instalarse en las afueras de la residencia.

La permanente hostilidad hacia los medios de comunicación no solo vulnera los principios básicos de libertad de expresión e información, sino también debilita la convivencia democrática, contribuyendo a una preocupante afectación de uno de los deberes éticos de la profesión periodística, cual es la fiscalización del poder. Tan importante como la solidaridad de los medios con aquellos periodistas afectados y las sentencias judiciales que ratifiquen el mandato constitucional, será la reacción de la ciudadanía, que es quien en definitiva está llamada a resguardar los principios democráticos que han caracterizado a la sociedad estadounidense por su pluralismo y el respeto irrestricto de las libertades. El veto a los periodistas es una señal de alerta.