Los resultados para Chile de la prueba PISA 2025 —que rinden estudiantes de 15 años de 91 países— dejan un sabor amargo. Preocupa que haya crecido el porcentaje de jóvenes que no alcanzan el nivel mínimo en competencias fundamentales. En Matemática es el 59%, en Lectura es el 41%, y en Ciencias Naturales, el 37%.

Pero el fenómeno demográfico no puede quedar ausente del análisis. En los últimos tres años la matrícula de educación parvularia registra una caída de 15% y la capacidad ociosa a nivel nacional alcanza 26%, es decir, 900 mil cupos no utilizados.

Esta tendencia es el reflejo del agudo descenso en la tasa global de fecundidad, que solo se profundizará en los próximos años. El INE proyecta para la próxima década una caída abrupta en el número de niños y adolescentes y, por lo tanto, una menor matrícula escolar que, de mantenerse el número de colegios, aumentaría en alrededor de 700.000 los cupos vacíos. Así, para 2035, los cupos urbanos vacantes podrían ascender a 1,4 millones, equivalentes al 44% de la capacidad, mientras el exceso en el sector rural alcanzaría al 60%.

Esto es especialmente delicado en un sistema donde los ingresos de los establecimientos dependen de la subvención por alumno según la asistencia a clases. Así, cuando baja la matrícula, los ingresos caen automáticamente, pero buena parte de los costos no disminuye al mismo ritmo. Un colegio necesita dirección, servicios básicos, mantención y una dotación mínima, aunque pierda un cuarto de sus estudiantes, toda vez que la gran mayoría de los establecimientos solo tiene un curso por nivel.

La caída demográfica proyectada es de tal magnitud que será inevitable el cierre de establecimientos, pero nadie asegura que este proceso sea ordenado. Sin un plan de cierre, que priorice por calidad y preferencia de las familias, se corre el riesgo de cierres masivos de colegios particulares subvencionados, incluso de aquellos con alto rendimiento académico, pues este sector es sensible al financiamiento y no tiene los incentivos para coordinar su oferta en el territorio.

Asimismo, la disminución de recursos por establecimiento afectará de forma transversal la calidad del sistema escolar en su conjunto. Este escenario no es hipotético, es una realidad que ya llegó. Actualmente, son muchos los establecimientos que están sufriendo una reducción importante de recursos y que podrían entrar en insolvencia en el corto plazo.

Chile necesita con urgencia una política para enfrentar el impacto de esta transformación demográfica en el sistema escolar. Este desafío puede ser una oportunidad para optimizar los recursos con efectos en calidad. Para ello, resulta fundamental contar con un plan de cierre o fusión de establecimientos públicos para los próximos diez años, que considere su calidad, la preferencia de las familias, ubicación e infraestructura. La reorganización de la oferta escolar pública permitirá consolidar la matrícula en menos establecimientos, aumentando los recursos por establecimiento, y seleccionar a los mejores docentes y directivos, lo que debiera tener un impacto en calidad.

Por otro lado, se requiere un plan de incentivos para el cierre o fusión de colegios particulares subvencionados, focalizando dicho plan en establecimientos con baja demanda y bajo rendimiento académico.

Simultáneamente, se requiere crear una subvención procalidad, que dé sostenibilidad económica a los establecimientos de buen desempeño académico y que tienen alta demanda de las familias. Esta subvención adicional debiera sincerar el verdadero costo de formar a los estudiantes en aulas con menos estudiantes, pero no debiera utilizarse para seguir financiando ineficiencia y mal rendimiento.

La caída demográfica y los malos resultados de PISA 2025 son la misma oportunidad vista desde ángulos distintos. Si Chile actúa a tiempo, con un plan que priorice calidad y aprendizajes por sobre la mera supervivencia institucional, hará la diferencia entre desperdiciar esta transición demográfica o aprovecharla como la reforma silenciosa que el sistema escolar chileno necesita.