Los desencuentros públicos entre ministros han convertido la coordinación interna en un serio problema del Gobierno. Interior se enteró de un requerimiento del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional solo después de que este fuera presentado; los titulares de Defensa y Relaciones Exteriores han expresado opiniones difícilmente conciliables respecto de asuntos de importancia estratégica; Trabajo se desmarcó de una meta de empleo anunciada por Hacienda, en tanto el ministro de Vivienda formuló por la prensa su demanda presupuestaria para el próximo año. Cada episodio —fuera de estos, ha habido más— admite una explicación, pero su acumulación transmite la señal de que distintas autoridades hablan antes de que el Ejecutivo acuerde previamente qué quiere decir.

La inquietud ha llevado a dirigentes de Chile Vamos a pedir que se restituya la figura de un vocero de dedicación exclusiva. Desde que el ministro Claudio Alvarado concentra Interior y la Secretaría General de Gobierno, la tarea de comunicar se ha repartido entre él, el subsecretario Máximo Pavez y los ministros sectoriales. El resultado ha sido una voz fragmentada, que obliga al propio Presidente a ocupar la primera línea comunicacional, desgastando su autoridad.

Está claro que la fórmula —a la que apresuradamente se recurrió luego de la salida de Mara Sedini— no ha funcionado satisfactoriamente. El ministro Alvarado ha mostrado en estos meses una notable capacidad para negociar y construir mayorías en el Congreso, donde su estilo dialogante ha sido un aporte fundamental, pero hay algo contradictorio en pedirle a quien lleva las negociaciones, tarea que por su naturaleza demanda prudencia y reserva, ser al mismo tiempo el encargado de comunicar: parece casi inevitable que en algún momento ambos roles, el de negociador y el de vocero, entren en conflicto y que uno se imponga al otro. Por cierto, al menos teóricamente, nada de esto es insalvable, pero la tensión es real y no ha logrado ser resuelta, por más que La Moneda insista (ayer el subsecretario Pavez volvió a hacerlo) en defender este modelo.

Ahora bien, atribuir los pasos en falso y las descoordinaciones entre ministros solo a la ausencia de un portavoz arriesga confundir el síntoma con su causa. Un gobierno no se contradice porque carezca de alguien que comparezca ante la prensa, sino porque sus definiciones no han sido compartidas, porque los límites entre las carteras se han vuelto difusos o porque algunos personeros no reconocen una conducción capaz de ordenarlos. La comunicación es el punto en que la falla se hace visible, y difícilmente puede corregirla por sí sola. Y es que la vocería es la última etapa de un proceso de deliberación y toma de decisiones. Si los engranajes previos fallan, si no existe una directriz clara y unificadora desde el centro del poder, ningún portavoz, por elocuente que sea, podrá enmendar frente a los micrófonos el desorden argumentativo de la administración.

Por cierto, un vocero sí puede contribuir al alineamiento interno, pero en la medida en que exista un diseño de gobierno coherente, donde las funciones estén definidas de modo claro y en consonancia con la estructura institucional, con responsables plenamente empoderados para llevarlas a cabo. En este sentido, optar por un vocero desprovisto de peso político real, cuyo único propósito sea llenar el vacío comunicacional para satisfacer la demanda de los partidos, es una receta probadamente ineficaz. Un ministro de esa naturaleza, como ya ocurrió, será soslayado por sus pares y no resolverá el problema de fondo.

En definitiva, debajo de todo lo que se aprecia en la superficie procedimental y comunicacional, subyace una dinámica de poder no resuelta en el corazón del Gobierno, que le está trayendo costos políticos y de credibilidad cada vez más visibles y gravosos, lo que demanda un cambio.