Es altamente probable que el Congreso Nacional apruebe un mensaje ingresado en las postrimerías del gobierno del Presidente Boric que regula a los partidos políticos y a los comités parlamentarios. El texto propuesto por la comisión mixta constituida para resolver las discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputados contiene disposiciones que van en la dirección correcta, pero que son, a todas luces, insuficientes para remediar los problemas de gobernabilidad y representación de nuestra democracia.

Veamos los ítems específicos que aborda esta reforma. Primero, se aumentan los requisitos para crear partidos políticos. La propuesta contempla eliminar la posibilidad de constituir partidos en tres regiones contiguas. Esto resulta bien orientado, pero su efecto será más bien acotado. Hoy, por ejemplo, solo existe un partido constituido en tres regiones y otro en formación. En este mismo sentido el mensaje original elevaba el umbral mínimo de afiliados de 0,25 a 0,5 del padrón electoral definitivo. La versión propuesta por la Mixta rebajó ese piso a un 0,3 de dicho padrón.

Segundo, otro eje de la reforma es la regulación de los Comités Parlamentarios. Se trataría de una innovación adecuada, pero voluntarista en un contexto donde las organizaciones partidarias son extremadamente débiles. Tercero, se pone un techo a los independientes que pueden llevar los partidos dentro de sus listas. Esto parece algo bien pensado, toda vez que debería propender a contar con bancadas más cohesionadas.

Con todo, esta reforma está lejos de resolver los problemas de fragmentación del sistema de partidos y personalismo en la conducta de los parlamentarios. Enfrentar lo anterior también requiere modificar las reglas para la conversión de votos en escaños. Ahí reside parte de la explicación del bloqueo que impide que los gobiernos respondan con eficacia a las demandas de los chilenos.

La reforma de 2015 rebajó lo que Taagepera denomina como el umbral de exclusión para la obtención de escaños en la asamblea. Ello agudizó dos problemas: uno sistémico y otro conductual. Sobre el primero, se elevó el número efectivo de partidos considerablemente en comparación con el período del binominal. Respecto de lo segundo, se incrementó el número de parlamentarios electoralmente vulnerables, que la evidencia muestra que tienen una conducta más personalista dada su urgencia por hacerse visibles (Gamboa, Aubry et al., 2024). Si no se corrigen los incentivos que explican las estrategias de los partidos y el accionar de los legisladores, difícilmente vamos a observar mejoras en el rendimiento del sistema político.

Sobre estos dos problemas, algo rescatable del proceso constitucional fue precisamente que se discutieron cambios institucionales ad hoc, siendo los más destacados dos: el umbral y la reducción en la magnitud distrital. Sobre el umbral, cabe advertir la posible incompatibilidad con el mecanismo de listas abiertas, lo que requiere de excepciones. Existe una moción de un grupo de senadores en segundo trámite constitucional que avanza en ese sentido. Sobre la magnitud distrital, se trata del mecanismo reductor de la fragmentación más limpio y eficiente. Esto se puede hacer con redistritaje sin reducir el tamaño total de la Cámara de Diputados.

Avanzar en esta agenda siempre encontrará restricciones porque los incumbentes tienen poderosos incentivos para preferir el statu quo. No obstante, si existe un momento propicio es ahora. Ello, toda vez que el calendario electoral da una pausa y estamos lejos de la próxima elección.

Ahora, para ser políticamente viable, una reforma de estas características requiere la voluntad del Ejecutivo, que (hasta ahora) ha estado más bien ausente de este debate. No innovar sobre esta materia no nos va a dejar solo con un sistema de partidos fragmentado y legisladores díscolos. Si el sistema político no logra rendimientos que sean valorados por la ciudadanía, le estaremos abriendo las puertas de La Moneda al populismo.