La meta que nos hemos propuesto para la economía de nuestro país es tan exigente como ambiciosa. Buscamos elevar el crecimiento desde el 2% observado en los últimos doce años, a niveles del 4% hacia fines de esta década.

La estrategia para conseguir esa meta consiste en liberar a la actividad privada de la pesada carga de sobrerregulaciones e impuestos que se han acumulado durante largos años, e incluye también un proceso de consolidación fiscal absolutamente indispensable, tanto para poner atajo a la alarmante tendencia al alza de la deuda pública en los últimos 18 años como para hacer sostenible la baja en la carga tributaria.

Los inversionistas ya están respondiendo al mejor clima de negocios que resulta de esta estrategia. En los seis meses del Gobierno han ingresado al SEIA 144 nuevos proyectos que suman casi 39.000 millones de dólares. Es un récord histórico. Las proyecciones de inversión de la Corporación de Bienes de Capital alcanzan también registros récord. El Banco Central estima un crecimiento de la inversión de 8,1% para el próximo año.

No obstante, tenemos plena conciencia de que estas positivas expectativas contrastan con la desaceleración económica del presente año, marcada por una sucesión de shocks de oferta y demanda, con el consiguiente efecto en el empleo.

En esta coyuntura, han surgido voces que cuestionan la consolidación fiscal, que es parte integral de la estrategia. Se le sindica como la principal responsable de la menor actividad económica, por su efecto sobre las expectativas y, a través de ellas, sobre las decisiones de consumo e inversión. Se ha dicho también que la consolidación fiscal ha descansado principalmente en la reducción de inversión pública. Lo primero omite elementos relevantes y lo segundo es un error.

Partamos por lo que se omite. Este año hemos sufrido una gran “recesión del cobre”, que no tiene relación causal con la consolidación fiscal. Entre enero y julio, la actividad minera cayó 7% respecto de igual período de 2025 y se proyecta que continuará contrayéndose durante lo que resta del año. Esta caída resta aproximadamente un punto porcentual de crecimiento al PIB, sin incluir efectos de segunda vuelta.

Sigamos ahora con el error. El foco de la contención del gasto público aplicada durante este año ha estado en el gasto corriente, no en la inversión. En marzo, el gasto corriente acumulaba un crecimiento de 6,9% real anual; a julio, ese ritmo se había reducido a 1,5%, una moderación de 5,4 puntos porcentuales en solo cuatro meses. Como referencia, entre 2013 y 2025 el gasto corriente creció en promedio 6,0%, lo que permite dimensionar la magnitud del esfuerzo realizado a la fecha. La dinámica trimestral desestacionalizada confirma este diagnóstico: entre el primer y el segundo trimestre de este año, el 80% del menor dinamismo del gasto público total se explica por el gasto corriente y solo el 20% por el gasto de capital.

Aun así, constatamos efectivamente una ejecución de la inversión pública a julio de un 38,9% de la Ley de Presupuesto, pero este rezago es característico del inicio de cada nuevo gobierno: resulta similar al observado en 2018 y, de hecho, algo menor que el de 2022. Buscamos decididamente la plena ejecución del presupuesto de inversión hacia fines de año. De todos modos, debemos señalar que en la Ley de Presupuesto 2026, elaborada por la administración anterior, esta componente viene con un recorte de 13%.

Más allá del gasto 2026, lo cierto es que Chile ha registrado déficits estructurales en 16 de los últimos 18 años, junto con un aumento sostenido de la deuda pública como proporción del producto. La consolidación fiscal que estamos impulsando busca corregir esta tendencia, racionalizando el gasto corriente, recuperando espacio para la inversión y estabilizando la deuda pública.

Acogemos las críticas con apertura y compartimos la preocupación por el desempeño actual de la actividad y el empleo, así como la urgencia de tomar medidas para enfrentarlo ahora. Pero, si queremos mantener la meta de devolver a Chile un futuro de progreso, no debemos cambiar la estrategia, sino ajustar la táctica. Es posible hoy, gracias a que el gasto corriente está en una clara senda de contención, acelerar responsablemente la inversión pública y otras medidas de alto impacto sobre el empleo, manteniendo la trayectoria de consolidación fiscal.

Ajustaremos la táctica todas las veces que sea necesario. Pero no la estrategia, porque en ella se juega la recuperación duradera del crecimiento, el empleo y las oportunidades, y con ello, el bienestar de las personas.