Señor Director:

El editorial “La ONU y los impuestos” (12 de septiembre) sostiene que los términos de referencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional se aprobaron a fines de 2023. No fue así. En diciembre de 2023, la Asamblea General creó el comité encargado de redactarlos. Los términos de referencia se aprobaron en agosto de 2024, y la Asamblea los adoptó en diciembre de ese año, con el voto de Chile.

La fecha no es un detalle. El reparo que el editorial considera razonable se despeja leyendo el documento, que está publicado. El vínculo con las obligaciones de derechos humanos está en el párrafo 9, letra c. Pero antes, en la letra b, los mismos términos de referencia reconocen que cada Estado tiene el derecho soberano de decidir sus políticas y prácticas tributarias. No es un descuido de los negociadores: es uno de los principios que guían toda la negociación, y está antes que el que preocupa al editorial.

Se trata, además, de un convenio marco. Su párrafo 14 establece que cada parte decide si adhiere o no a cada protocolo sobre materias tributarias sustantivas, y en Chile esa adhesión requiere la aprobación del Congreso. Es el mismo camino que siguieron los más de 30 acuerdos para evitar la doble tributación que Chile tiene vigentes, que reducen de manera permanente lo que podemos gravar, y que nadie ha propuesto revisar en nombre de la soberanía. La carta del Alto Comisionado al Senado que el editorial cita como anticipo, ocurrió sin que exista Convención alguna y, como el propio editorial reconoce, no tuvo mayor incidencia.

Si hay dudas razonables, se resuelven negociando resguardos en la mesa, no dejando la silla vacía.

Economista, exsubsecretaria de Hacienda y de Relaciones Económicas Internacionales