Preocupado está el Ministerio de Hacienda por las bajas cifras de crecimiento económico y el nivel de cesantía. Las proyecciones de expansión han caído, desde el 1,5-2,5% que se planteaba en marzo, hasta situarse hoy bajo el 1%. La desocupación, en tanto, llega al 9,5%. Y aunque el Gobierno tiene sus esperanzas puestas en mejores números para 2027, tras la aprobación de la Ley de Reconstrucción, la caída en las proyecciones de este año preocupa, particularmente, por su efecto en el empleo. Y es que en un escenario en que las reformas de los últimos años han encarecido fuertemente el trabajo, los empresarios no harán nuevas contrataciones sin señales de un mayor dinamismo.

Hay varios factores que han incidido en el bajo crecimiento. Desde el Ejecutivo se destaca la caída de la producción minera, que ha llevado a la situación paradójica de no poder aprovechar la actual bonanza del cobre. Economistas de distinto signo han señalado también otros factores, destacando entre ellos el impacto del alza de los combustibles sobre las familias y las empresas. Pero un tercer factor ha entrado al debate: la baja ejecución presupuestaria y, en particular, de la inversión pública, que a julio llegaba al 38,9%, mucho menor que el 44,3% del año pasado.

Los problemas para ejecutar el gasto son una característica de los gobiernos entrantes, pues al instalarse una nueva administración suele haber tanto una tendencia a revisar con desconfianza las partidas ya planificadas, como una menor capacidad para llevar a cabo nuevas iniciativas, producto del desconocimiento respecto de las dinámicas del Estado. Algunas voces, además, han advertido que, al implementar el Ejecutivo un ajuste fiscal, frenar la inversión es más fácil que recortar el gasto corriente. De hecho, ya la Ley de Presupuestos 2026, de la administración Boric, incluía un importante recorte del gasto en capital.

En este contexto, son relevantes ciertas señales dadas por Hacienda en los últimos días. Así, en entrevista con este diario, el ministro Quiroz señaló la decisión de aprovechar el mejor estado de las finanzas públicas logrado en estos meses para adoptar medidas de reactivación fiscal. En esa línea, se busca impulsar un plan de aceleración de la inversión pública, para contribuir así a la generación de empleo. Clave será identificar eventuales cuellos de botella en los ministerios que concentran la inversión, como Obras Públicas y Vivienda, donde el primero ya fue uno de los más afectados en la Ley de Presupuestos vigente, en tanto el segundo, dotado este año de mayores recursos, ha tenido sin embargo —según la Dipres— un menor avance en el desarrollo de proyectos y obras.

Por cierto, no será la política fiscal la que resolverá el problema de baja capacidad de crecimiento que arrastra nuestra economía, pero sí puede jugar un papel paliativo mientras los necesarios cambios estructurales empiezan a generar sus efectos.