El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó —por tres votos contra dos— el requerimiento presentado por cores oficialistas que buscaba la destitución de Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana. Punto central del requerimiento eran los antecedentes reunidos por la Contraloría luego de una auditoría al gobierno metropolitano, en la que cuestionó, entre otros puntos, la contratación, por $31 millones, de un coaching en el que, según muestran las minutas revisadas, se abordaron temas vinculados a la campaña de Orrego para la reelección. A raíz de ello, se enviaron los antecedentes al Ministerio Público —que no llegó a establecer la existencia de delitos— y al Servel, el cual descartó que esos pagos fueran un gasto electoral. Quedaba pendiente, entonces, este pronunciamiento del Tricel, profusamente celebrado por el gobernador y sus cercanos.

Todos ellos han calificado esta decisión como el fin de una larga persecución política contra esa autoridad, considerando que, además del caso coaching, Orrego fue también investigado por la fiscalía en el marco del caso ProCultura. Esto último, por un convenio con esa fundación —presidida por el psiquiatra Alberto Larraín, que fuera un cercano colaborador suyo—, el que implicó el traspaso de $1.600 millones para un programa de prevención del suicidio. Dicha investigación motivó una solicitud de desafuero, unánimemente rechazada por la Corte de Santiago.

Es natural que Orrego y sus cercanos reciban con satisfacción estos pronunciamientos favorables. Apresurado es, sin embargo, etiquetar este episodio como una mera operación política, en circunstancias que las indagatorias se originaron a partir de antecedentes serios y preocupantes respecto del uso de los recursos públicos por parte del gobierno metropolitano, los que ameritaban ser esclarecidos. En efecto, ¿puede acaso estimarse razonable la asignación, en una sola cuota, de $1.600 millones para un programa de salud mental a una fundación sin suficiente experiencia ni capacidades conocidas en esa área? ¿Podría no haber generado suspicacias el vínculo de cercanía y trabajo previo que existía entre Larraín y el gobernador? Más aún, si bien las investigaciones han permitido descartar ilícitos penales en las actuaciones de Orrego, ello no lo exime del cuestionamiento ciudadano, ¿o es que alguien podría sostener que el acuerdo con ProCultura fue un buen ejemplo de política pública? Argumentar —como se ha hecho— que dicho convenio fue aprobado por los consejeros regionales, no atenúa la responsabilidad del gobernador al haberlo impulsado ni justifica su sorprendentemente escasa autocrítica a este respecto.

Algo análogo cabe respecto del coaching. Esta investigación tampoco se inició por un capricho de los enemigos políticos de Orrego, sino a raíz de la referida auditoría de Contraloría, cuyos reparos —con independencia de lo resuelto por la fiscalía o el Tricel— pusieron en evidencia irregularidades administrativas, respecto de las cuales el gobierno metropolitano no ha logrado hasta ahora dar una explicación satisfactoria.