La publicación del nuevo régimen de inversión de las AFP, informada por la Superintendencia de Pensiones hace algunos días, marcó la entrada a tierra derecha de uno de los mayores cambios que vivirá el sistema de capitalización individual desde su creación a inicios de la década de los ochenta.

A partir del próximo 1 de abril, se terminan los multifondos y comienzan a operar los fondos generacionales. En los hechos, los afiliados pierden su derecho a elegir cómo quieren gestionar sus ahorros obligatorios (derecho que tenían desde 2002) y entran en un modelo en que el Estado, en función de una única variable (la edad), determina en qué fondo deben estar y cuándo deben pasarse a otro.

Más allá de la lamentable pérdida de libertad de elegir, había buenas razones para repensar el sistema de multifondos, tanto por pecados propios como ajenos. En los propios, uno de cada cuatro afiliados está en un fondo que no le correspondería por edad y/o perfil de riesgo (especialmente en los fondos A y E). La cifra puede parecer baja, pero equivale a 3,3 millones de trabajadores. En los ajenos, Felices y Forrados tuvo una responsabilidad monumental en el fin del actual esquema. Así que por angas o por mangas, los chilenos mordimos la manzana y se nos acabó la libertad.

En todo este proceso de cambio, algo muy destacable ha sido la importancia de la institucionalidad. En la creación del nuevo régimen de inversiones de las AFP, para abordar los nuevos fondos generacionales, hubo cinco eslabones y cedazos que garantizaron adecuadas opiniones técnicas y virtuosos contrapesos: la Superintendencia de Pensiones, el Consejo Técnico de Inversiones (CTI), el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y la industria financiera.

Su adecuada articulación, en la que cada actor aportó opiniones desde su experiencia y conocimiento, permitió la creación de un nuevo régimen de inversión razonable, que podrá tener aspectos de mejora, pero que es un muy buen punto de partida para un sector que maneja una cartera de casi US$ 200 mil millones y debe invertir unos US$ 300 millones en promedio todos los meses, por las nuevas cotizaciones de los trabajadores.

Pero hay un punto riesgoso.

El nuevo régimen de inversiones definió que todas las carteras deben tener un piso mínimo de renta fija emitida por el Estado. En términos simples, que todos los fondos generacionales deben tener una exposición mínima en bonos del Estado de Chile. Los casos más extremos son los fondos 7, 8, 9 y 10, que agrupan a los trabajadores de 60 años o más, en los que el piso es de al menos 31% (llegando a 32,4% en el caso del 8). Esto significa que al menos un tercio del fondo deba estar invertido en bonos de Tesorería.

A simple vista, la imposición de mínimos no parece algo extraño, ya que en los hechos una parte importante de las carteras actuales más conservadoras (como los fondos D y E) tienen una exposición alta en este tipo de activos. Pero con una diferencia mayor respecto del régimen actual: los multifondos no tienen mínimos de inversión por tipo de activo, sino por clase (como renta fija o renta variable). Y esos límites están en la ley.

El problema de la fijación de porcentajes mínimos de inversión para emisiones del Estado es triple. El primero, y más obvio, es que se obliga a los fondos de pensiones a tener un anclaje mínimo a activos que, por definición, rentan menos que otras alternativas de la misma categoría, como la renta fija corporativa. Por ejemplo, un bono estatal en UF con vencimiento a 2035 renta hoy 2,5% sobre inflación. El mismo bono emitido por un banco entrega 3,1% y el de una empresa con grado de inversión pueden llegar hoy a 3,6%.

El segundo es que asegura un poder comprador permanente y previsible para emisiones del Estado, haciendo que los ahorros de los trabajadores financien de forma barata al fisco. La pregunta, entonces, es pertinente: la fijación de estos mínimos para la renta fija estatal, ¿beneficia más a los cotizantes o al fisco chileno? La respuesta es obvia.

El tercer problema es el más complejo. Estos pisos pueden ser modificados por autoridades dependientes de nombramientos presidenciales (como el superintendente de Pensiones o el presidente del CTI), lo que le inyecta un innecesario riesgo político a un tema que debería ser gestionado desde la esfera técnica.

Las regulaciones no deben crearse pensando en quienes hoy detentan el poder, sino en quienes podrían llegar a detentarlo. El nulo apoyo de la propuesta de reforma constitucional del Presidente Kast es el ejemplo más nítido.

Un dato puede clarificar de mejor manera el riesgo político: si la exposición agregada de los 10 fondos generacionales subiera un punto porcentual, el fisco se aseguraría financiamiento adicional por entre US$ 2.000 y US$ 2.500 millones a un costo muy conveniente.

Esta es una razón más por la que la barrera sanitaria entre los fondos de pensiones y el poder político debe ser lo más ancha y espesa posible. Porque la tentación futura siempre va a ser muy grande. Y hay muy buenas razones, partiendo por el beneficio de los propios trabajadores, para no correr ese riesgo.