El Gobierno acaba de informar que Chile se retira de la negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional. Específicamente, se señaló que el texto en negociación presentaría incertidumbres considerables respecto de su alcance y funcionamiento, que podrían limitar la soberanía tributaria. Pero si existen disposiciones que preocupan a Chile, la respuesta razonable es permanecer en la negociación, proponer resguardos y construir acuerdos. Retirarse antes de que exista un texto definitivo no protege nuestra soberanía: es una renuncia a ejercerla allí donde se definen las futuras reglas de la tributación internacional.

Chile, junto a 119 países del mundo, votó a favor de la resolución adoptada por el plenario de las Naciones Unidas en diciembre de 2024 que aprobó los términos de referencia de la Convención y estableció el comité intergubernamental encargado de negociarla, junto a dos protocolos tempranos: uno sobre tributación de servicios transfronterizos en la economía digitalizada y otro sobre prevención y resolución de controversias tributarias. Nueve países votaron en contra y 43 se abstuvieron.

No solo eso: Chile presentó por escrito sus comentarios al borrador de los términos de referencia, proponiendo incorporar la progresividad como característica del sistema tributario internacional, priorizar un protocolo sobre la tributación de las personas de alto patrimonio y designar a un profesional del Servicio de Impuestos Internos para seguir el proceso de manera permanente.

Esto es coherente con la posición del país en esta materia. Chile forma parte del Marco Inclusivo sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por su sigla en inglés), la iniciativa de la OCDE y el G20 que reúne hoy a 147 jurisdicciones para impedir que las empresas multinacionales trasladen sus utilidades a jurisdicciones de baja o nula tributación donde no realizan actividad económica real.

En abril de 2019, el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera ingresó al Congreso la Convención Multilateral para implementar las medidas del proyecto BEPS destinadas a prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, la cual fue aprobada por 135 votos contra cero en la Cámara de Diputadas y Diputados, por unanimidad en el Senado, y promulgada por el propio Presidente Piñera en 2021. La pregunta es, entonces, por qué una política que Chile Vamos promovió como defensa de los intereses nacionales hoy es presentada por el Gobierno como una amenaza a nuestra soberanía, alineándose con una posición celebrada públicamente hasta ahora solo por Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario.

Tanto la Convención sobre Cooperación Tributaria Internacional de las Naciones Unidas como el proyecto BEPS de la OCDE apuntan a disminuir la evasión y la elusión tributaria que afectan especialmente al mundo en desarrollo, y así hacer más justa la tributación internacional. Ambos buscan regular una actividad económica que ya es global mediante reglas igualmente coordinadas, para que las multinacionales tributen donde desarrollan sus actividades y generan valor, y no puedan aprovechar los vacíos existentes entre las legislaciones nacionales.

Chile también ha suscrito más de 30 acuerdos para evitar la doble tributación, con países como Estados Unidos, Brasil, Canadá y los Países Bajos. Estos acuerdos distribuyen potestades tributarias con el Estado de residencia del inversionista, y reducen de manera permanente las tasas que Chile puede aplicar sobre intereses, regalías y servicios pagados al exterior, con el objetivo de incentivar la inversión. Sin embargo, ningún gobierno ni sector político sostuvo que negociarlos equivaliera a renunciar a la soberanía. Por el contrario, se entendió que Chile ejercía soberanamente sus atribuciones al celebrar acuerdos que otorgaban certeza y protegían sus intereses.

La Convención no se detiene porque Chile se vaya. El mandato fija sesiones de negociación en 2025, 2026 y 2027, y la entrega del texto final a la Asamblea General en el primer trimestre de su octogésimo segundo período de sesiones. Retirarse hoy no cambia el rumbo del mundo.

Un cambio de gobierno puede legítimamente revisar una posición internacional heredada. Pero esa revisión debe fundarse en los intereses permanentes de Chile y no en una batalla cultural contra las Naciones Unidas. Para un país pequeño y abierto al mundo, la estabilidad de sus posiciones y la cooperación internacional no son lo contrario de la soberanía: son uno de los principales instrumentos para ejercerla.