Tiene poco sentido ahondar a esta altura en los problemas e inconvenientes de la propuesta de reforma constitucional del Gobierno. Ríos de tinta han corrido sobre sus defectos, desde los estratégicos —uno de los pilares y áreas fuertes del Gobierno se transformó en una fuente de conflicto interno y externo—, hasta lo relativo a los principios: se entregó una señal preocupante respecto de su comprensión sobre los límites adecuados al poder estatal y la necesidad de establecer contrapesos.

Pero este ripioso comienzo del debate acerca de una agenda tan importante como la de seguridad puede transformarse en una valiosa oportunidad: la de mirar nuestra democracia liberal, sus instituciones y reglas, y proyectarla adecuadamente hacia el futuro.

Es innegable que los desafíos en materia de seguridad que enfrenta nuestro país son radicalmente distintos a los que existían cuando se creó nuestro andamiaje institucional. Ni en el Chile de la Comisión Ortúzar en los 70, ni en el de Lagos en los 2000, donde se discutieron y diseñaron los estados de excepción vigentes, existían el “Tren de Aragua” o los “4 Fantásticos”. Hoy son una parte importante de la ecuación. Nunca ha sido entonces tan oportuna la pregunta de si nuestra democracia liberal cuenta con las herramientas suficientes para defenderse de estas nuevas amenazas, ni tan necesario el ejercicio de pensar en cómo convive una adecuada estrategia de seguridad con los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Pero nada de esto ocurrió; el sobregiro del Ejecutivo se devuelve con una oposición equivalente, y el debate se cierra.

Las democracias liberales en el mundo están tensionadas, y Chile es un ejemplo ilustrativo del fenómeno. Los niveles de confianza están por el suelo, casi al nivel de democracias fallidas, sin elementos objetivos que expliquen estos preocupantes resultados. El pesimismo se ha vuelto endémico, la sensación de inseguridad es de las más altas del continente, peores que las de países donde el narco campea y capturó las instituciones. En un contexto así, las comisiones técnicas, la evidencia y los largos debates, todas necesarias instancias de nuestra cultura democrática, generan frustración.

En este contexto, los liderazgos disruptivos, rápidos y que hacen “que las cosas pasen” se vuelven atractivos, y los ciudadanos empiezan a pasar por alto sus dimensiones populista, autoritaria y demagógica.

Las democracias liberales tienen que cambiar, y volverse más dinámicas y responsivas. Sus instituciones, reglas y procedimientos, diseñadas para evitar abusos, corregir injusticias o minimizar externalidades negativas, no pueden transformarse en un obstáculo a la eficacia y el dinamismo de los espacios que regulan, tanto a nivel institucional, económico, educacional, entre tantos otros. De lo contrario seguirá creciendo ese germen que llevará a futuros demagogos al poder.

Es fundamental, entonces, presionar por cambios institucionales y regulatorios que le devuelvan el dinamismo perdido, pero sin debilitar los contrapesos institucionales ni difuminar garantías individuales frente al Estado. La defensa de principios liberales y la proclividad al gradualismo no puede ser una excusa para no avanzar.

Nuestra invitación es a aprovechar el repentino protagonismo que tomó nuestra democracia liberal para reflexionar sobre la disfuncionalidad, rigidez y obsolescencia de algunas de sus instituciones y reglas, no solo en materia de seguridad, sino que también en el ámbito económico, laboral, educacional y de las instituciones públicas.

Las democracias modernas llevan en su ADN el germen de su propia destrucción. Pero hay una característica de este modelo de gobierno que la ha hecho uno de los más exitosos de nuestra historia como humanidad: su capacidad de autocorrección, de enmendar el rumbo a bajo costo. Volvamos a ejercitar esa musculatura y emprendamos las reformas que salvarán a la democracia liberal de sí misma.