Han pasado solo cuatro años desde el triunfo del Rechazo y ya la izquierda quiere reescribir la historia. Y el texto. Pero demórense un poquito: aún estamos vivos. Los que estuvimos adentro y los que votaron ese 4 de septiembre del 2022.
No fue una borrachera. Si lo hubiera sido, la resaca ya habría pasado. Pero siguen defendiendo exactamente lo mismo. Y tampoco fue una locura solo de Rojas Vade y sus amigos. Los autollamados socialistas democráticos escribieron el texto y lo siguen respaldando.
Diseñaron un país a su antojo y casi ocho millones de chilenos les dijeron que no. El pueblo es lento y no los comprende, afirmaron esa noche. Hoy levantan la bandera de la desinformación, concepto que reaparece cada vez que la izquierda pierde.
De autocrítica, nada. Nos dicen que el texto está ahí, listo para cuando se pueda retomar. Y la exministra Camila Vallejo señaló que el único error fue “no haber sabido enfrentar la industria de la mentira”. Solo en Chile líderes del Partido Comunista pueden hablar de desinformación con ese desparpajo.
Pero rescatemos la memoria histórica, concepto que aman. Si la definen ellos, obviamente.
Los chilenos llegaron a ese plebiscito con más información que a cualquier otro proceso electoral. Se transmitió a diario lo que ocurría y lo que se votaba. A pesar de la izquierda. Ellos no querían que la prensa tuviera acceso al trabajo de la Convención y esa fue la primera batalla que hubo que ganar. Hubieran preferido sorprender al final con un texto que nadie alcanzara a comentar ni criticar.
Hemos visto a figuras socialistas decir que el texto tenía problemas, “pero iliberal no era”. Y con tono de superioridad moral afirman que ellos jamás habrían votado a favor de un texto iliberal. Pero lo hicieron.
Defendieron, y siguen defendiendo, una Constitución racista, que consagraba derechos y privilegios distintos según la etnia. Se violaba la igualdad ante la ley de principio a fin. Se obligaba al Estado a incorporar representación política indígena en todos sus órganos; su propiedad gozaba de “especial protección” (no así la del resto de los chilenos); tenían autonomía para crear sus propias escuelas, privilegio que al resto no se le reconocía explícitamente; gozaban de un sistema de justicia paralelo, y además se les daban dos cupos en el Consejo de la Justicia, órgano que solo regía para los chilenos no indígenas. Justicia propia y poder sobre la de los demás. Privilegio por partida doble.
El texto dinamitaba la nación chilena y la dividía en al menos once naciones. Se creaban “Autonomías Territoriales Indígenas” con facultades de autogobierno y administración financiera propia. También se terminaba el principio básico de un Estado de Derecho en que los jueces fallan conforme a la ley, y se les exigía aplicar justicia “con perspectiva intercultural”, entre varias otras “perspectivas” que se agregaban.
Los contrapesos al poder son la esencia de una democracia liberal. Pero acá se diseñaba, en los hechos, un Congreso unicameral que, con simple mayoría, podía hacer prácticamente lo que quisiera: sin Senado; sin independencia robusta del Poder Judicial, y sin Tribunal Constitucional, reemplazado por un órgano con menos poder y atribuciones. A eso se sumaba un Banco Central con autonomía debilitada y un Tribunal Calificador de Elecciones que quedaba bajo el control del Consejo de la Justicia que designaba a sus integrantes.
Este texto tan “liberal” transformaba la alternancia política en una ficción, al subordinar la democracia representativa a una concepción sustantiva de ella. Escribieron su programa de gobierno y le dieron rango constitucional. Así, la única manera legítima de ser demócrata era la que ellos habían consagrado.
Como si todo esto fuera poco, apoyaron una Constitución de invariabilidad absoluta y perpetua, para usar términos del debate actual. Se establecía que los pueblos indígenas debían otorgar el consentimiento previo en aquellas materias que les pudieran afectar los derechos que esa Constitución les reconocía. Y como lo plurinacional y sus privilegios cruzaban todo el texto, nada se podía cambiar sin su acuerdo. Invariable en serio.
Para la izquierda, nada de esto es iliberal. Y ¿qué nos sorprende?, si se llaman a sí mismos “progresistas”. ¿Progreso adónde? Nadie sabe. Así operan con las palabras: las repiten hasta instalarlas. Son incansables, y si al frente no hay resistencia, en poco tiempo más nos tendrán discutiendo cómo Chile se farreó “la mejor Constitución de su historia”.