La economía digital, por desarrollar sus transacciones de manera intangible, puede operar informalmente con relativa facilidad, sin informar a la autoridad de la iniciación de sus actividades y sin que sus utilidades se declaren como renta ante el SII. Hay también casos en que la actividad desarrollada es directamente ilícita. En esas situaciones, además de que no resulta fácil detectar su actuar o la localización física donde ocurre, la autoridad tiene dificultades para sancionarla.

En el primer caso, y durante mucho tiempo, el comercio digital, especialmente el que se realizaba en sitios web ubicados fuera de Chile, podía desarrollarse sin pagar el IVA o los aranceles aduaneros respectivos. También ocurría con las plataformas dedicadas al traslado de pasajeros en vehículos, normalmente asociadas a cadenas internacionales. Esto se pudo corregir porque todas esas compañías tenían una reputación que salvaguardar, y porque las transacciones pasaban por el sistema bancario, de modo que podían registrarse. Ello permitió, en el caso del traslado vehicular, que no solo las compañías internacionales se instalaran formalmente en Chile, sino que también se conozcan los ingresos de quienes han inscrito sus vehículos y tributen de acuerdo con eso.

Sin embargo, hay actividades ilícitas que se realizan sobre plataformas digitales, como son los juegos de azar no autorizados, las casas de apuestas o las rifas publicitadas de manera digital, muchas veces por influencers, en que los premios son objetos valiosos, como automóviles, recurriéndose a subterfugios (por ejemplo, la venta de stickers) para justificar la transacción. Algunas incluso son realizadas por compañías formales, a las que la autoridad del país tendría, en principio, acceso, por lo que podría sancionarlas o recaudar los impuestos del caso, si obtuvieran los permisos necesarios para operar. Hay otras, en cambio, que son ejecutadas de manera informal, cuyos responsables pueden mantener su anonimato, o cambiar de plataforma con rapidez para evitar ser detectados.

Como la economía digital solo se acrecentará en el tiempo, la autoridad deberá destinar esfuerzos para adaptar su normativa, pero también sus modos de fiscalización, para que, en los casos de actividades lícitas, estas sean sometidas a las mismas reglas que el resto, al tiempo que los negocios ilícitos sean sancionados como corresponde, evitando la persistencia de sus operaciones.Las dificultades para implementar esto, precisamente por el carácter intangible de la economía digital, no debieran ser óbice para que la autoridad actúe con energía y firmeza.