Señor Director:

Mucho se habla en Chile de apoyar a las pymes, de fomentar el emprendimiento y de facilitarles el camino a quienes intentamos generar actividad económica y empleo. Pero la experiencia práctica puede ser muy distinta.

Soy dueño de una pequeña empresa y tengo una importación retenida desde hace más de un mes. Mi carga cuenta con toda su documentación y fue seleccionada para aforo físico, facultad de Aduanas que por supuesto respeto. El problema es otro: hasta hoy ni siquiera se asigna un fiscalizador que realice el procedimiento.

Mientras pasan las semanas nadie entrega una solución concreta. He presentado reclamos, concurrido personalmente y solicitado respuestas. Incluso acudí a la Defensoría del Contribuyente buscando ayuda, pero mi pequeña empresa quedó apenas fuera de los parámetros establecidos para acceder a su defensa.

El courier tampoco ayuda: las comunicaciones son escasas y crípticas, y la responsabilidad parece siempre ser de Aduana y así viceversa.

Para una gran compañía, un embarque detenido puede representar un inconveniente. Para una pyme puede significar tener paralizada una fuente de trabajo. Mis productos están inmovilizados, no puedo comercializarlos ni generar ingresos, mientras continúo pagando sagradamente los impuestos y obligaciones de mi empresa.

Fiscalizar es indispensable. Lo que no parece razonable es que fiscalizar signifique dejar durante semanas una carga esperando que alguien sea asignado para revisarla. Con una comunicación ínfima, sin respetar tiempos de respuesta y con la soberbia de un organismo que se siente casi intocable.

Todos hablan de defender a las pymes. Pero cuando una pequeña empresa queda atrapada entre la parsimonia del Estado y la indiferencia de una multinacional, la pregunta es bastante más concreta:

¿Quién nos defiende a nosotros?