La Ley de Presupuestos 2027 iniciará su discusión en las próximas semanas. El proyecto no solo se construirá sobre un escenario macroeconómico complejo, sino que, por primera vez en años, bajo un gobierno que despliega un intento serio por recuperar la senda de responsabilidad fiscal. Así, el debate probablemente será uno de los más tensos en nuestra historia reciente.

Este 2026 ha tenido una evolución distinta a la esperada. Por de pronto, el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre ya corrigió la cifra de crecimiento prevista, desde 2,1% a 1,8%, ajuste que probablemente se repetirá en su versión del tercer trimestre, que sentará las bases para la discusión. Y es que los datos de Imacec han dado cuenta de una economía que no encuentra un rumbo positivo, incluso con precios récord del cobre.

Es posible que haya mejores números en el segundo semestre y que 2027 capture una dinámica similar gracias a iniciativas como la Ley de Reconstrucción. Sin embargo, sin datos ciertos de mejoría en empleo, producción e inversión, estas son apuestas que no pueden confundir la discusión presupuestaria.

En este sentido, conviene prestar atención a las proyecciones para 2027 contenidas en el último IFP. Los ingresos efectivos se estiman en 22,1% del PIB, pero los estructurales, que descuentan el efecto transitorio del ciclo, solo alcanzan al 21,5%.

Con esos ingresos y un gasto comprometido de 23,7% del PIB, el déficit efectivo de 2027 sería de 1,5% del PIB, y el estructural, de 2,1%, por sobre la meta de 1,8% que el Gobierno fijó en su decreto de política fiscal. Antes, para 2026, se proyecta un déficit estructural de 2,6%, que se cumple gracias a una contención adicional de gasto por unos $710 mil millones. Así, la ejecución del gasto en lo que resta del año será un elemento central que nutrirá el debate presupuestario.

Pero contener no es lo mismo que gastar bien. De hecho, una contracción del gasto mal calibrada puede significar una menor actividad agregada. Por ello, es central comprender dónde se realizan los ajustes.

Al respecto, el informe de ejecución presupuestaria a julio muestra que el ajuste se está concentrando en el gasto de capital: mientras el gasto corriente crece 3,0% real, el de capital cae 14,2% y la inversión pública se contrae 23,5%. La tasa de ejecución del gasto de capital alcanza el 43,5% de la ley aprobada, por debajo del 47,7% de 2025 y del 47,2% de 2024. En inversión, el avance es de 38,9%, frente a 44,3% en 2025. Es cierto que un nuevo gobierno suele ejecutar menos durante sus primeros meses, pero la lentitud en la formulación de iniciativas es un problema doble en una economía cuya actividad acumula una caída en el año.

Personal y deuda, tendencias de largo plazo

La rigidez del gasto se entiende mejor mirando su composición. Según las series de operaciones del Gobierno Central publicadas por el Banco Central, el gasto en personal creció nominalmente 12% en 2023, 10% en 2024 y 13% en 2025, por sobre el gasto total cada año y por sobre el 9% promedio de 2012-2019. Esto ilustra las presiones fiscales que ha experimentado Chile por años.

Durante 2026, esas fuerzas no han dejado de expresarse. Según el Informe de Ejecución del Gobierno Central para julio, en los primeros 7 meses del año, el gasto en personal aumentó 5% real, impulsado por los traspasos a nuevos Servicios Locales de Educación Pública y por más personal en Salud. Parte del incremento es un cambio de clasificación, pero hay dotación nueva, y cada contrato es un compromiso permanente.

Se agrega un problema de diseño en los incentivos. El informe reconoce que casi todas las reparticiones obtienen el máximo bono por desempeño institucional, pese a que solo 45% cumple todos sus requisitos, porque el incentivo se paga entero a partir de un cumplimiento del 90%. No hay evidencia de que el instrumento haya generado mejorías verificables en eficacia o calidad de servicio. El presupuesto es la instancia para materializar su rediseño.

El telón de fondo de los descalces fiscales por este tipo de presiones es una deuda pública que genera preocupación. En 2007, la deuda bruta del Gobierno Central equivalía a 3,9% del PIB y el fisco era acreedor neto por casi 20% del producto. En 2019, la deuda bruta ya alcanzaba 28% del PIB y en 2025 cerró en 41,5%. El IFP proyecta 42,7% del PIB para 2026 y, si el gasto sigue la trayectoria comprometida, 45,5% en 2030, superando desde 2029 el nivel prudente de 45% que fija la regla fiscal.

De aquí se desprende la conclusión central para el Presupuesto 2027. Considerando nuestra realidad y la urgente necesidad de revertir la tendencia de la deuda, parece recomendable un crecimiento presupuestario significativamente por debajo —incluso, la mitad— de las estimaciones más conservadoras de expansión de la economía para el próximo año.

Como se ve, el espacio para aumentar el gasto en 2027 es casi nulo, y la necesidad de retomar la senda del balance estructural, urgente. Por ello, la definición de prioridades será esencial. Contener con decisión el gasto corriente permanente —en especial la dotación y los incentivos que no rinden resultados, así como descontinuar programas de mínimo impacto social—, pero también asegurar que la inversión con capacidad reactivadora se ejecute a tiempo, debe ser central en el proyecto que presentará el Ejecutivo.